Moncloa ha elegido el atajo más ruidoso y el menos elegante de Bruselas: atar la ampliación de la Unión Europea al reconocimiento del catalán, el gallego y el euskera como lenguas oficiales comunitarias. No es un matiz técnico. Es un órdago. Y, según el relato de moncloa.com y el eco en medios europeos, lo está jugando casi en solitario.
La voz visible es el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro. El mensaje que se deja caer en cada comparecencia es transparente aunque no siempre se firme en papel: España no respaldará la entrada de nuevos miembros si antes no entra su paquete lingüístico en el catálogo comunitario. En el Consejo de Asuntos Generales, Bruselas le dedicó apenas diez minutos. Eso, en diplomacia, no es prisa: es cortesía fría.
La respuesta del club no tarda. Alemania lidera las quejas y pide no “bilateralizar” la integración europea. Suecia, por boca de su ministra Jessica Rosencrantz, separa con claridad ampliación y debate de lenguas. Lituania lo califica de “inaceptable”. Francia e Italia mantienen el veto a incorporar el catalán. La presidencia irlandesa del Consejo resume el ambiente sin poesía: «no hay ninguna posibilidad» de que el reclamo prospere a corto plazo.
El problema de fondo es jurídico, no de hashtag. Incorporar nuevas lenguas al régimen lingüístico de la UE exige, por regla general, reforma de los Tratados y unanimidad de los Veintisiete. Sampedro habla de caminos intermedios; Berlín y el norte frugal hablan de no contaminar la gran prioridad estratégica de la década: Ucrania y los candidatos de los Balcanes —Montenegro, Albania, Macedonia del Norte— que ya miran el calendario con lupa.
Desde la derecha el diagnóstico es duro y bastante obvio. Moncloa lleva más de tres años con esta petición sobre la mesa porque formaba parte del acuerdo de investidura de 2023 con los independentistas. Ahora, al final de legislatura, necesita un trofeo tangible para casa… aunque el precio sea aislar a España en la mesa donde se reparte el Marco Financiero Plurianual y se decide quién entra en el club. Quien amenaza con bloquear la ampliación por una lengua se expone a que, cuando pida fondos o flexibilidad, nadie le devuelva el favor.
Hay un precedente que el propio Gobierno cita y que juega en su contra si se lee con honestidad: el irlandés se convirtió en lengua oficial en 2007 por la vía técnica y el acuerdo discreto, sin tumbar ninguna ampliación. Bruselas considera viable ese camino. El del órdago es el que cierra puertas.
Nadie discute aquí el valor cultural del catalán, el gallego o el euskera. Se discute el método: convertir la identidad doméstica en peaje europeo y pretender que Alemania, Suecia o Lituania traguen por la agenda de investidura española. El próximo Consejo de Asuntos Generales volverá a poner el asunto encima de la mesa. En Bruselas, de momento, nadie mueve ficha. En Madrid, el titular sirve. En Europa, el crédito se gasta.