Diez días. No un trimestre de rodillos, no una comisión que se eterniza: diez días para que el Gobierno ponga nombres, apellidos y DNI a los beneficiarios finales de los fondos Next Generation. El Tribunal Supremo lo ha clavado en una providencia del 14 de octubre a la que ha tenido acceso Europa Press, y el reloj termina antes del 29-N. Si alguien buscaba un recordatorio de que la transparencia no es un eslogan de campaña, aquí está, con sello de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
La pieza la empujó la senadora del PP Eva Ortiz, con el letrado Víctor Soriano. No pedía un PowerPoint de los cien campeones de la subvención. Pedía el listado de perceptores por encima de 10.000 euros, porque la Base de Datos Nacional de Subvenciones no deja filtrar qué dinero es Next Generation y qué no. Control parlamentario de manual: saber quién cobra del plan de recuperación europeo y cuánto.
De los «cien grandes» al 40% en negro
El Ejecutivo ya tropezó con este asunto en abril. El Supremo le ordenó informar de los beneficiarios finales con nombre o razón social e importe. La respuesta del Gobierno, siguiendo —dijo— directrices de la Comisión Europea y con datos de febrero de 2025, se quedó en los 100 principales perceptores: más de 9.800 millones, casi el 21% del total recibido hasta entonces. El alto tribunal lo dejó por escrito con una claridad poco diplomática: no es lo mismo enseñar el top 100 que dar la relación de todos los que superan los 10.000 euros.
Después llegó un listado más amplio… a medias. Fuentes jurídicas explicaron a Europa Press que salieron las personas jurídicas, pero las personas físicas aparecían anonimizadas. En el incidente de ejecución de julio, el abogado de Ortiz contó el tamaño del agujero: 30.738 registros disociados, la totalidad de las personas físicas, el 39,2% del listado. Sin identidad no hay control. Y sin control, el Next Generation se convierte en un monumento a la opacidad con bandera azul.
El Supremo no compra la anonimización
La nueva providencia no inventa un derecho nuevo: ejecuta el que ya se reconoció. Los magistrados dan plazo de diez días e incluyen «la plena identificación de los beneficiarios finales […] con nombres y apellidos y DNI, tal y como viene a aceptar la parte demandada-ejecutada, que nunca ha alegado razones que justifiquen y amparen la anonimización realizada». Traducción para el metro: el Gobierno no defendió en el proceso un deber legal de tapar esos nombres; ahora no puede esconderse detrás de asteriscos.
Ortiz y su representación hablan de merma del control parlamentario y del riesgo de que la disociación sirva para ocultar irregularidades. Eso es una hipótesis política legítima de la oposición, no una condena penal de perceptores concretos. Lo que sí es hecho judicial es la orden: listado completo, identificable, ya.
Transparencia en campaña, no en el BOE de después
El calendario importa. Entregar la información en plena precampaña del 29-N no es un detalle menor: sitúa los fondos europeos en el debate público cuando el votante todavía puede pasar factura. El mismo Supremo, en la estela de la sentencia de abril, también empujó al Ejecutivo a informar sobre viviendas del parque estatal usadas por autoridades o cargos públicos cuando el Gobierno se escudó en que el inventario «no contempla» esa categoría. El hilo es el mismo: la Administración no puede negarse a recopilar lo que ya tiene.
Quien gestione miles de millones de Europa debería poder decir, sin drama, quién los recibe. Si hace falta un tribunal para arrancar nombres y DNI, el problema no es el celo del PP: es la cultura del «ya os contaremos» en Moncloa. El 29-N se vota con muchas urnas. Esta providencia recuerda que también se gobierna con libros abiertos.