El Congreso tumba otra vez la senda de déficit: los Presupuestos empiezan con la puerta cerrada

El Congreso ha vuelto a hacerle al Gobierno lo que más duele cuando se habla de Presupuestos: cerrarle la primera puerta. La senda de déficit, ese trámite que suena a Excel con corbata pero decide cuánto margen tienen el Estado, las comunidades y los ayuntamientos para gastar, fue rechazada de nuevo con los votos de PP, Vox y Junts. No es una anécdota parlamentaria. Es el aviso de que las cuentas de 2027 nacen cuesta arriba.

La película venía anunciada. El Ejecutivo ya había sufrido un primer rechazo el 14 de julio y, según explicó la prensa económica, optó por llevar al Consejo de Ministros prácticamente la misma propuesta. La ley le obliga a volver a presentarla tras un primer no, pero no le fuerza a cambiarla. Hacienda decidió insistir. La oposición y Junts decidieron insistir también.

La consecuencia política es sencilla de entender: si el Gobierno no consigue sacar adelante la senda fiscal, presentar unos Presupuestos nuevos se vuelve mucho más difícil. No imposible en términos de debate jurídico y político, pero sí más incierto. El País lo resumía estos días como una aproximación a un “limbo presupuestario”. Traducido al lenguaje de la calle: el Ejecutivo quiere escribir las cuentas del año que viene, pero la mayoría parlamentaria no le está dejando ni poner el marco de la página.

En el centro del choque está el reparto del déficit. La propuesta del Gobierno fijaba para 2027 un déficit del 1,8% del PIB para el conjunto de las administraciones: 1,5% para la Administración central, 0,2% para la Seguridad Social, 0,1% para las comunidades autónomas y equilibrio para las entidades locales, según la información publicada sobre el acuerdo de Hacienda. El Ejecutivo defendía además que ese margen autonómico suponía oxígeno para las comunidades: Hacienda calculaba 5.849 millones adicionales en tres años frente a un escenario de equilibrio.

Pero la política rara vez vota solo porcentajes. PP y Vox leen la senda como otro síntoma de un Gobierno sin mayoría estable y con los Presupuestos convertidos en una carrera de obstáculos. Junts, por su parte, vuelve a demostrar que su apoyo no se puede dar por amortizado. Para Sánchez, cada votación económica importante se ha convertido en una negociación nueva, con precio propio, calendario propio y riesgo propio.

La paradoja es que esta votación coincide con otra discusión económica de impacto directo: el decreto de medidas por la crisis en Oriente Medio y el coste de la energía. Antena 3 detalló que el paquete incluye cambios en carburantes, con descuentos decrecientes en el impuesto especial —15 céntimos por litro en julio, 10 en agosto y 5 en septiembre—, una cláusula de emergencia si la inflación de los carburantes vuelve a dispararse, y la reducción progresiva del impuesto sobre la producción de energía eléctrica hasta su eliminación en 2028. Es decir: mientras el Congreso bloquea el marco presupuestario, también se votan medidas que afectan al bolsillo cotidiano.

Ahí está la mala noticia para todos los bandos: el bloqueo no sale gratis. Para el Gobierno, porque exhibe debilidad justo cuando pretende vender gestión. Para la oposición, porque tumbar la senda también tiene efectos sobre comunidades y servicios que luego se gobiernan desde territorios concretos. Y para Junts, porque cada no alimenta su capacidad negociadora, pero también le ata a una imagen de inestabilidad permanente.

Conviene no exagerar lo que aún no está decidido. El rechazo de la senda no equivale automáticamente a elecciones, ni prueba por sí solo que no vaya a haber Presupuestos, ni convierte en ilegal cualquier movimiento posterior del Ejecutivo. Sí deja un hecho claro: la legislatura sigue funcionando a golpe de votación límite. Y cuando una mayoría solo aparece a ratos, incluso los trámites que antes aburrían a medio país terminan marcando la temperatura real del poder.

La pregunta de fondo no es si la senda de déficit enamora a alguien. No enamora ni a quien la redacta. La pregunta es si España va a entrar en otro ciclo de cuentas prorrogadas, parches energéticos y decretos con negociación de última hora. Porque eso también es una forma de gobernar: menos épica que los grandes discursos, bastante más incómoda para quien tiene que planificar un hospital, una obra pública o una ayuda autonómica.