Pedro Sánchez se ha reunido con representantes de Adigital para analizar el estado del sector digital y estudiar nuevas iniciativas que impulsen el crecimiento de las startups en España. La escena tiene todos los ingredientes de la política económica moderna: innovación, fotos con empresas, promesas de escala y una pregunta que casi nunca cabe en la nota de prensa: quién se queda de verdad con el valor cuando una startup crece.
La señal aparece en la agenda informativa de La Moncloa y en la cobertura de medios como Demócrata y Servimedia, que recogen el encuentro y el objetivo de explorar nuevas vías para acelerar el crecimiento de empresas emergentes. No hay aquí una ley cerrada ni un paquete detallado publicado en el BOE. Hay una dirección política: el Gobierno quiere enseñar músculo tecnológico.
La economía del logo bonito
España lleva años intentando venderse como país de talento digital. Tiene universidades, ciudades atractivas, fondos europeos, incubadoras, profesionales muy preparados y un problema de siempre: demasiadas buenas ideas terminan escalando fuera o dependiendo de capital que decide lejos. Por eso hablar de startups no es una frivolidad de evento con canapé. Es hablar de empleo, productividad y soberanía económica.
Desde una mirada liberal-conservadora, la advertencia es clara: si el Gobierno quiere que las startups crezcan, lo primero es no asfixiarlas con trámites, incertidumbre fiscal y cambios normativos cada temporada. El emprendedor no necesita un ministerio abrazándole en público y complicándole la vida en privado. Necesita reglas estables, impuestos comprensibles y una administración que no tarde más en contestar que el mercado en cambiar.
Pero tampoco vale el cuento de “que todo lo arregle el garaje”
La izquierda tiene razón en una cosa: la innovación no nace en el vacío. Hay investigación pública, infraestructuras, universidades, ayudas, compras públicas y regulación. El mito del genio en un garaje suele olvidar que el garaje tiene fibra, carreteras, becas, hospitales y tribunales alrededor. El Estado puede empujar. La clave es que empuje sin convertir cada iniciativa en una selva de formularios.
Ese es el equilibrio delicado que Moncloa tendrá que demostrar si de esta reunión salen medidas concretas. Una política seria para startups no puede ser solo una foto con la patronal digital. Debe responder a cosas bastante terrenales: cómo se facilita contratar, cómo se protege al trabajador sin matar la flexibilidad, cómo se evita que el talento se vaya, cómo se atrae inversión sin regalar el país a cualquier fondo y cómo se mide si las ayudas sirven.
Menos escaparate, más reglas claras
El riesgo político es evidente. Sánchez necesita una agenda económica amable en medio de una legislatura embarrada por socios, tribunales y desgaste institucional. Las startups ofrecen un relato luminoso: futuro, jóvenes, tecnología, exportación. Pero un relato no paga nóminas si detrás no hay ejecución.
También hay una tentación empresarial: pedir “ecosistema” cuando significa dinero público, y “libertad” cuando llega la hora de rendir cuentas. Si hay incentivos, deben tener condiciones. Si hay desregulación, debe explicarse a quién beneficia. Y si hay promesas de crecimiento, conviene preguntar si hablamos de empresas que generan empleo sólido o de valoraciones bonitas que duran hasta la siguiente ronda.
La reunión con Adigital, por tanto, no es menor. Es una pista de por dónde quiere ir el Gobierno: economía digital como escaparate de país. La pregunta es si el escaparate tendrá tienda detrás.