En el caso Plus Ultra no solo se discute un rescate. También se discute quién lleva la voz de la acusación popular cuando hay demasiadas manos en el micrófono. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del juez José Luis Calama: el Partido Popular liderará esa representación conjunta. Lo hace al desestimar los recursos de Vox, Hazte Oír y la asociación Liberum.
El argumento de la Sala es seco y procesal. Considera “lógico y razonable” que lidere el PP porque cuenta con mayor representación institucional y es más capaz de recoger y aunar el interés general que la acción popular pretende defender. Y avisa del coste de lo contrario: si cada acusación popular tira por su lado, se multiplica la reiteración de trámites y el procedimiento se dilata. En una causa pesada, el reloj también es una forma de impunidad blanda.
Calama ya había agrupado representación y defensa en el PP por su “más relevante implantación institucional”. El choque con Vox venía del criterio del Tribunal Supremo de priorizar a quien se persona primero. Atendido en bruto, eso habría apuntado a Vox. El instructor, sin embargo, sostuvo que esa personación no fue válida y plenamente eficaz: faltaban requisitos procesales indispensables. La del PP llegó “apenas unos instantes después”, pero con todos los documentos exigidos. Primera comparecencia idónea, no solo primera en el reloj de pared.
Esa matización importa. No es un capricho de banquillo: es la diferencia entre colarse en el procedimiento y constituirse bien como parte. La Sala respalda ahora que, bien leído el criterio de prioridad, la personación del PP justifica por sí sola la representación unificada. Añade el refuerzo político-institucional: más capacidad de proyectar el interés general dentro del proceso penal.
El marco de la causa no es cosmética. Calama sitúa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como presunto líder de una red de tráfico de influencias e investiga si pudo beneficiarse económicamente de un supuesto papel de mediador en el rescate de 53 millones que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en pandemia. En el mismo perímetro figuran presuntos delitos fiscal y de contrabando ligados a las joyas incautadas en su despacho. Son hipótesis de instrucción, no veredictos. Pero explican por qué la acusación popular no es un adorno de nota de prensa.
Para la mesa de la derecha el auto tiene lectura clara: el principal partido de la oposición no se limita a tuitear indignación; asume el volante procesal frente a una causa que toca rescate público, influencias y el entorno de un expresidente socialista. Vox y el resto de populares no salen del procedimiento, pero pierden el mando unificado. Menos coro, más dirección.
Quien tema que “politizar” la acusación popular sea el riesgo debería mirar el reverso: fragmentarla hasta volverla inútil también es una forma de política. La Audiencia Nacional ha preferido músculo institucional y orden procesal. El caso Plus Ultra sigue abierto. Lo que ya no está en disputa, tras este auto, es quién coordina a quienes dicen actuar en nombre del interés general dentro de esa sala.