Moncloa ha sacado el talonario social del cajón. No es un adorno de campaña: es un decreto de Seguridad Social que el Gobierno quiere meter este martes en el Consejo de Ministros, el primero de una racha que llaman internamente «martes sociales» hasta el 29-N. El mensaje es tosco y efectivo: mientras haya urnas a la vista, se gobierna, se firma y se mejora el bolsillo de quien ya lo tiene más justo.
Según el relato de EL PAÍS, con fuentes del Ejecutivo, el paquete llega en forma de decreto ley. Eso no es detalle burocrático. Significa que, una vez publicado, tendrá que pasar por la Diputación Permanente en el plazo de un mes. Ahí Junts pesa menos que en el pleno: basta con cuadrar a la izquierda y al PNV. El Gobierno lo sabe y lo usa.
¿Qué cambia de verdad, sin jerga de BOE?
Bajas por menopausia y por violencia de género. Las mujeres con patologías asociadas a la menopausia y las víctimas de violencia de género cobrarían el 60% de la base reguladora hasta el día 20 de baja y el 75% a partir de entonces. La empresa paga el día de la baja; después, la Seguridad Social. Traducción: menos agujero en la nómina cuando el cuerpo o la violencia te sacan del trabajo.
Cuidado de menores con cáncer o enfermedad grave. Los dos progenitores podrán cobrar la prestación a la vez o por turnos. Y, en los casos más duros, la ayuda no se corta a los 26 años si hay dependencia de grado III o una discapacidad especialmente elevada. Es decir: el Estado deja de mirar el calendario como si el hijo enfermo «caducara».
Viudedad para parejas de hecho. Tener hijos en común bastará para acreditar la relación. EL PERIÓDICO había adelantado la línea del borrador: se flexibiliza el peaje del registro formal que dejaba fuera a muchas parejas reales. Las solicitudes denegadas podrán revisarse en los próximos 12 meses.
Víctimas del terrorismo y huérfanos por violencia de género. Las pensiones extraordinarias por terrorismo no bajarán de dos salarios mínimos (2.442 euros), un 36% más que el suelo anterior, que había quedado desfasado. Los huérfanos por violencia de género tendrán el mismo suelo en prestaciones contributivas; las no contributivas podrán alcanzar hasta dos veces el SMI.
Fondo de Garantía del Pago de Alimentos. Se triplica el anticipo máximo por beneficiario: de 100 a 300 euros, y se alarga la duración. Cuando un progenitor no paga, el menor no se queda mirando el techo.
¿Es electoralismo? Claro que hay calendario. Sánchez dijo el día de la convocatoria que pensaba «seguir gobernando hasta las elecciones», y esta secuencia lo demuestra. Pero el marco de la izquierda no es pedirle perdón a la oposición por gobernar: es señalar que ampliar derechos no es un excesso, es la diferencia entre una pareja sin papeles y una pensión, entre una baja miserable y una baja digna, entre un huérfano a la intemperie y un suelo de dos SMI.
La derecha ya gritará «chequeo de votos» y «gasto». Que lo haga. Mientras tanto, el decreto —si sale y se convalida— no reparte eslóganes: reparte prestaciones. Y en un país donde la precampaña se come el BOE, eso es política con nombre y apellidos.
Queda lo gordo de Yolanda Díaz: una subida del salario mínimo en torno al 5%, y después de las elecciones la revalorización de pensiones con el IPC. Este martes no es el final del menú. Es el primer plato. El Gobierno lo presenta como derechos pendientes; la oposición lo leerá como propaganda. Los hechos del decreto, de momento, están encima de la mesa: colectivos concretos, cifras concretas y una Diputación Permanente que tendrá que decir sí o no.