Mientras Ceuta ocupa los titulares, en el BOE en borrador se cuece otra guerra de trincheras: la de los centros de datos. Moncloa quiere atar con un real decreto la sostenibilidad energética, el agua y la “soberanía digital” de las granjas de servidores. El PP ha montado un frente autonómico para frenarlo. No es un debate de frikis. Es luz, territorio e inversión a escala de decenas de miles de millones.

El proyecto, impulsado por Transición Ecológica, Economía y Transformación Digital, salió a audiencia pública el 27 de agosto por vía de urgencia. El plazo inicial acababa este viernes. El Gobierno lo ha alargado hasta el 10 de septiembre a las 17:00 “para facilitar la participación”. Traducción: la presión del sector y de las comunidades ha obligado a abrir la mano en el calendario, no en el fondo.

Qué pide el borrador (y por qué duele)

La norma apunta a instalaciones de más de 1 MW. Entre las exigencias que han trascendido:

  • Que el 80% del consumo horario se respalde con nueva generación renovable.
  • Estándares altos de eficiencia energética e hídrica alineados con el etiquetado europeo en preparación (categoría A cuando entre en vigor el marco comunitario).
  • Operación por entidad establecida en la UE, con datos de operación en territorio comunitario y límites a accesos de autoridades de terceros países no amparados por el Derecho europeo.
  • En última instancia, riesgo de perder derechos de acceso y conexión a la red si no se cumple.

El Gobierno lo vende con una frase sensata: España puede elegir centros de datos “mejores”, no cualquier hangar que se coma el agua y dispare la factura. Señala el precedente de tensiones eléctricas y precios en países como Irlanda o Estados Unidos. El delegado del Gobierno en Aragón lo ha dicho sin anestesia local: se trata de evitar que la proliferación de servidores acabe en un incremento del recibo para toda la ciudadanía.

El PP coordina a sus CCAA

Según El Mundo, Génova reunió el lunes —de un día para otro y por vía telemática— a consejeros de las autonomías del PP. Coordinó Alberto Nadal. Madrid y Aragón tiran del carro; Andalucía y otras se suman con alegaciones. El eslogan de campaña ya está listo: “El inversor que levanta el vuelo ya no vuelve.”

Los números que maneja la derecha territorial son gordos y conviene leerlos como reivindicación política, no como contabilidad auditada del Estado:

  • Aragón: Azcón habla de miles de millones y “decenas de miles” de empleos en riesgo; su Gobierno acusa al decreto de estar “diseñado para hundir” la inversión.
  • Madrid: decenas de proyectos en cartera y miles de millones anunciados.
  • Andalucía: más de 20 proyectos y más de 10.000 millones “comprometidos”, según la Junta; el consejero José Antonio Nieto critica un PUE (eficiencia) que considera casi imposible en climas cálidos y un diseño que “penaliza” a quien más renovable genera.

Spain DC, la patronal, irá a alegaciones. Comparte el golpe a la especulación de puntos de conexión fantasmas, pero avisa de un marco “de los más rígidos” de Europa, plazos de adaptación de seis meses y riesgo —en sus cifras— para una porción muy alta de la inversión prevista. Habla de decenas de miles de millones en juego y de proyectos que ya miran a otros países.

La lectura de izquierdas (sin romanticismo tecnológico)

Hay una verdad incómoda para el relato solo-inversor: un data center no es una fábrica de empleo masivo al estilo clásico. Come megavatios, refrigeración y a veces agua. Si se conecta a la red sin disciplina, alguien paga el peaje: o el territorio con estrés hídrico, o el consumidor con precio, o ambos.

El Gobierno, con torpeza de calendario veraniego y poca pedagogía previa con las CCAA, ha tocado ese nervio. El PP lo convierte en “boicot a Aragón/Madrid/Andalucía”. Falta el matiz: regular no es criminalizar la IA; es decidir si España quiere ser el patio trasero barato de la computación o un mercado con reglas.

También falta honestidad en el otro lado. Si el listón técnico (PUE, matching horario renovable al 80%) es inalcanzable en la práctica, el decreto no ordena el sector: lo expulsa. Y expulsar inversión real para quedarse solo con nota de prensa verde es un fracaso de política industrial. Por eso el alargue del plazo importa: da margen a corregir el texto sin tirar la idea de fondo.

El choque de septiembre no es “progreso contra ecologismo”. Es quién manda sobre el kilovatio y el litro cuando la inteligencia artificial pide más enchufes que empleo visible. Moncloa ha abierto el expediente. Las CCAA del PP han abierto la guerra. El recibo, el agua y la red dirán quién tenía razón.

Fuentes y contexto