No hace falta un apagón nuevo para que salte la alarma. Basta con un calendario. La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por no haber notificado su plan actualizado de preparación ante riesgos en el sector eléctrico. La fecha límite era el 5 de enero de 2026. Estamos en octubre. El plan sigue sin llegar.
Bruselas lo dice sin adornos en su paquete de infracciones de octubre: carta de emplazamiento a España (INFR(2026)2191) y a Francia, y carta adicional a Bélgica. El marco es el Reglamento (UE) 2019/941. Cada cuatro años los Estados deben adoptar, publicar y notificar un plan que explique cómo evitar cortes de suministro o, si cae la red, cómo limitar el daño.
¿Qué va dentro de ese papel? No es un folleto bonito. Tiene que recoger medidas ante fenómenos extremos, ataques maliciosos, escasez de combustible y escenarios regionales. La idea es simple y dura: si hay crisis, la electricidad tiene que poder ir donde más se necesita, y los vecinos tienen que saber qué hará cada capital. España no ha entregado la actualización que tocaba.
El Gobierno dispone ahora de dos meses para responder y corregir. Si la respuesta no convence, el siguiente escalón es el dictamen motivado. Todavía no hay multa automática. Hay algo peor para un Ejecutivo que vende gestión y resiliencia: el sello europeo de deberes sin hacer.
El timing político es demoledor. El expediente llega cuando el recuerdo del gran apagón ibérico sigue fresco en la memoria colectiva y Moncloa multiplica mensajes de transición energética, soberanía y modernización. Se puede debatir el mix, las interconexiones o el precio del kilovatio. Lo que no se puede maquillar es un retraso administrativo en la herramienta básica de preparación de crisis. No es ideología: es burocracia de seguridad que no se ha entregado a tiempo.
Que Francia y Bélgica viajen en el mismo paquete no absuelve a nadie. Sirve, eso sí, para cortar el cuento de la persecución selectiva. Bruselas no está inventando un castigo a Sánchez: está aplicando la misma regla a tres capitales que no notificaron. El problema español es que el incumplimiento llega después de un año en el que la ciudadanía ya aprendió, a oscuras, lo que cuesta improvisar.
Habrá quien diga que un plan actualizado no evita por sí solo un cero energético. Cierto. Pero un país que no actualiza el manual de emergencias eléctricas está diciendo, en la práctica, que la prevención puede esperar. En energía, esperar es una forma de apostar. Y cuando la apuesta sale mal, no la pagan los comunicados: la pagan fábricas paradas, frigoríficos abiertos y móviles al 1%.
La oposición tiene aquí un flanco legítimo si se ciñe a los hechos: hay reglamento, hay plazo incumplido, hay carta de emplazamiento y hay dos meses de reloj. El Gobierno puede y debe contestar con el plan y con explicaciones técnicas. Lo que no cuela es vender excelencia energética europea mientras el documento de riesgos duerme en un cajón desde enero.