La precampaña del PSOE se llena de mitines y eslóganes. En la Audiencia Nacional, el ruido es otro: carpetas, diligencias y un informe de Anticorrupción que no cierra el caso… pero tampoco lo limpia. La Fiscalía sostiene que hay indicios de que el partido pudo estar ligado a conductas de cohecho y tráfico de influencias en el sumario de Leire Díez —el de las llamadas «cloacas»—, aunque considera prematuro imputar ya al PSOE como persona jurídica.
El matiz importa y, a la vez, incomoda. No hay condena. No hay, de momento, el sello de investigado sobre el partido. Pero el ministerio público, en un escrito extenso respondiendo a la petición del PP como acusación popular, no se limita a un «aún no». Según el relato de El Mundo sobre ese informe, Anticorrupción descarta de momento tres de los cinco delitos que esgrimían los populares —malversación, financiación ilegal y blanqueo— y mantiene el foco en los otros dos. El juez Santiago Pedraz ha coincidido en que hacen falta más diligencias antes de resolver.
¿Qué indicios baraja la Fiscalía, según las piezas periodísticas y fuentes jurídicas? Que la infraestructura logística y financiera del PSOE habría podido ponerse al servicio de la trama investigada: reuniones en la sede de Ferraz, movilidad y alojamiento, y pagos canalizados mediante sociedades y abogados externos. El nombre que aparece una y otra vez es el de Santos Cerdán, entonces secretario de Organización. A su alrededor, la figura de Leire Díez, a la que se atribuye la coordinación de actuaciones para «desestabilizar» pesquisas que afectaban al partido o al Gobierno, y la gerente Ana María Fuentes, señalada en el relato fiscal por el circuito de encargos y facturas.
El PP había pedido imputar al partido por cinco delitos apenas arrancada la precampaña. Anticorrupción frena el reloj: primero, dice, hay que practicar averiguaciones pendientes —entre ellas la declaración de Cerdán— y reconstruir el circuito de decisión, autorización, ejecución y contabilización de pagos. El punto sensible para una eventual responsabilidad de la persona jurídica no es solo «quién firmó», sino si existió un control normativo real o un agujero por el que se pudieron mover fondos sin comprobación suficiente.
RTVE y El País confirman el mismo esquema de fondo: indicios sí; imputación inmediata, no. El Mundo añade el detalle del «indicio de singular relevancia»: el uso de fondos de la organización para pagos vinculados a presuntos delitos. Eso no es una sentencia. Es una alarma institucional en plena carrera al 29-N. Y la derecha lo lee así: mientras el Gobierno pide voto y habla de vivienda, el sumario describe una máquina de partido que, según la investigación, habría intentado torcer el tablero judicial.
Conviene no convertir el informe en veredicto de bar. Lo que hay hoy es un fiscal que ve rastro, un juez que pide más luz y un partido que lleva meses intentando concentrar la responsabilidad en nombres propios. Lo que no hay es una foto limpia. Si las diligencias confirman el circuito de Ferraz a la factura opaca, el coste no será solo judicial: será electoral. Y si no lo confirman, el PP habrá empujado una imputación que el propio ministerio público consideraba prematura. En ambos escenarios, el reloj del 29-N no espera.