El Gobierno ha puesto en audiencia un proyecto de Real Decreto para poner reglas duras a los centros de datos. En abstracto suena limpio: menos agua, menos derroche eléctrico, más seriedad ambiental. En el mapa, sin embargo, la norma aterriza como un peaje climático. La Junta de Andalucía ya ha presentado una decena de alegaciones —ABC habla de once; El Correo Web, de diez— porque ve en riesgo una veintena de megaproyectos y una inversión que la propia administración autonómica sitúa en torno a 10.000 millones de euros.

No es un lloro de folleto. Andalucía genera cerca del 24% de la electricidad del país y se vende, con razón, como batería renovable del sur de Europa. Ha asumido suelo, paisajes y tendidos de la transición verde. Ahora teme el truco de siempre: pagar el coste territorial de las placas y quedarse sin el premio industrial de los servidores.

PUE 1,15 y WUE 0,1: la letra pequeña que quema

ABC detalla los umbrales que más molestan: un PUE máximo transitorio de 1,15 y un WUE máximo de 0,1. En cristiano: el centro tiene que gastar poquísima energía extra en refrigerar y casi nada de agua. Eso es más fácil junto al Mar del Norte que en una provincia que toca 46 grados. En el sur, enfriar racks no es un detalle de ingeniero simpático; es la diferencia entre un proyecto rentable y una carpeta muerta.

La Junta no discute que haya estándares. Discute que se midan igual en todas partes. El Correo Web recoge el argumento central: exigir lo mismo sin mirar el clima no es igualdad, es discriminación por código postal. El promotor no elige la latitud. Si la norma ignora eso, el capital se va donde el aire ya viene frío de serie.

Veinte proyectos, gigavatios y empleo contado

La cartera andaluza que dibuja ABC no es humo de PowerPoint. Habla de más de 2 GW de potencia declarada, inversión identificada por encima de 6.700 millones dentro de ese paquete de unos 10.000, y unos 964 empleos directos estimados en construcción y explotación según la Consejería de Inteligencia Artificial. Hay nombres y fases: Wadi Ash en Guadix (hasta 450 MW), el CITAI de Escúzar con primera piedra el 25 de junio de 2026 (100 MW y 3.000 millones de inversión prevista), la gigafactoría onubense de 200 MW y más de 1.500 millones, o Benbro en Valencina con 150 MW y más de 1.000 millones contemplados.

El consejero José Antonio Nieto ha dicho en abierto lo que la industria susurra: un decreto que penaliza a las regiones motor de renovables empuja a España fuera de la pelea por la inversión de inteligencia artificial. El Periódico de la Energía lo sitúa en ese marco de competitividad, no solo de queja autonómica.

La paradoja verde que Moncloa no quiere mirar

Aquí está el nudo político. Si el Gobierno quiere soberanía digital y reindustrialización, no puede diseñar una regla que, en la práctica, expulsa del tablero al sur renovable. Se puede proteger el agua sin convertir Cádiz o Granada en territorio maldito para un CPD. Se puede exigir eficiencia sin fingir que el termómetro es el mismo en Bilbao y en Córdoba.

De momento el texto no es ley firme: está en trámite. Eso importa y hay que decirlo. Pero las alegaciones andaluzas ya marcan el conflicto de legislatura —quién captura el valor de la transición. Porque si Andalucía pone el sol y otros se quedan los racks, no estamos ante ecologismo serio. Estamos ante una política industrial disfrazada de excel excel de sostenibilidad.

Fuentes y contexto