En Madrid se habla de decretos, de amnistía y de quién llora más en el CIS. En el Levante se habla de otra cosa: de agua que no llega. El adelanto electoral al 29-N ha pillado a los regantes del Tajo-Segura sin ilusiones de cartón. El presidente del SCRATS, Lucas Jiménez, lo ha resumido sin poesía de campaña: «La situación del trasvase no puede empeorar más».
No es un lamento de bar. Es el balance de quien lleva años viendo cómo el acueducto se gobierna a golpe de recorte. Jiménez carga contra el partido que convoca las urnas —el PSOE— y dice que con el trasvase «sólo ha tenido una medida en mente»: reducirlo. La referencia es clara: los caudales ecológicos del Tajo, impulsados con la presión política de Castilla-La Mancha y de Emiliano García Page, por encima de tratamientos equivalentes en otros ríos. Antes de ese cambio de reglas ya hubo ajustes que mermaron el volumen hacia Alicante, Murcia y Almería.
Ahora el grifo no solo baja por norma. Baja por hierro roto. Dos roturas en el acueducto obligan a cerrar transferencias hasta el año que viene para acometer obras. El propio SCRATS habla de un mínimo de cuatro o cinco meses. Hace apenas un par de semanas, tras la primera avería, Jiménez pidió tranquilidad: los trasvases ya aprobados podían ejecutarse en el primer trimestre del año hidrológico, de octubre a diciembre. La segunda avería tumba ese colchón. «Nos quedamos sin agua en los embalses de cabecera, la cosa se complica», advierte. Traducción para quien no riega: menos margen, más estrés y una campaña electoral con el canal en obras.
En los tribunales tampoco hay respiro. El Supremo ha desestimado el recurso del SCRATS que pedía anular los recortes ligados a esos caudales ecológicos. De momento no han decidido si saltan al Constitucional. Es decir: el mapa del agua del sureste se está dibujando entre BOE, embalse y sentencia, mientras la conversación nacional mira solo al alquiler de Sol.
Hoy mismo, en Madrid, en el entorno de Fruit Attraction, los regantes se sientan con el triple eje autonómico del trasvase: Fernando López Miras (Murcia) y su consejero de Agua, Joaquín Buendía; el conseller valenciano Miguel Barrachina; y el consejero andaluz Ramón Fernández-Pacheco. No es un café de feria. Es la foto de tres gobiernos que saben que sin Tajo-Segura el Levante hortofrutícola no se sostiene con eslóganes verdes de despacho.
Se puede defender, y se debe debatir, el caudal ecológico del Tajo y el equilibrio entre cuencas. Lo que no cuela es vender el 29-N como un referéndum solo de vivienda mientras se ignora que miles de explotaciones miden la legislatura en hectómetros y en días de canal cerrado. El campo no pide un cheque en blanco para secar el río. Pide que la política hídrica no sea el peaje permanente de un Gobierno que ha tratado el trasvase como molestia ideológica y no como infraestructura de país.
Feijóo y el PP del arco mediterráneo tienen aquí un relato concreto, no abstracto: seguridad hídrica, reparación rápida del acueducto, reglas de explotación predecibles y fin del goteo de recortes justificados en clave territorial de Page. Vox lo llevará más lejos, con el tono de siempre. El dato duro, sin embargo, no necesita alarido: dos roturas, obras de meses, recurso perdido en el Supremo y un presidente de regantes que dice haber tocado fondo. Si la izquierda quiere hablar de “territorio” y de “economía real”, que empiece por el agua que alimenta la huerta que exporta. El 29-N también se riega. O se seca.