El Congreso ha recibido un suplicatorio contra Félix Alonso, diputado de Sumar En Comú Podem, pero el caso no empezará a moverse de verdad hasta septiembre. La Mesa de la Cámara lo ha remitido a la Comisión del Estatuto del Diputado y ahí quedará aparcado por el calendario parlamentario: julio y agosto son meses inhábiles. La política se va de verano, pero el expediente ya está dentro.
El Tribunal Supremo pide al Congreso que suspenda la inmunidad de Alonso para poder investigarle por un presunto delito de prevaricación administrativa ligado a adjudicaciones cuando era alcalde de Altafulla, en Tarragona. Conviene decirlo despacio: no hay condena, no hay juicio y el propio diputado ya declaró voluntariamente el 15 de junio defendiendo la legitimidad de las contrataciones y negando irregularidades, según Europa Press. Lo que hay es una petición formal del Supremo para poder seguir avanzando procesalmente.
La nota del Poder Judicial explica que el magistrado instructor Vicente Magro aprecia indicios sobre un posible uso indebido de contratos menores para cubrir necesidades recurrentes del ayuntamiento. El auto, según esa comunicación oficial, habla de falta de procedimiento, presupuesto y uso indebido de prórrogas y contratos menores. La calificación jurídica que maneja el instructor es provisional: posible prevaricación del artículo 404 del Código Penal. Esa palabra pesa, pero no sustituye a una sentencia.
El trámite parlamentario tiene su propio ritual, bastante menos transparente de lo que suele prometer la política cuando habla de regeneración. La Comisión del Estatuto del Diputado se reúne a puerta cerrada, debe dar audiencia al afectado y dispone de 30 días hábiles para elevar una propuesta. Después decide el Pleno del Congreso, también a puerta cerrada y con voto secreto. Al público solo le llega el resultado. Mucha solemnidad institucional, poca luz.
Desde una mirada exigente con la izquierda, el caso obliga a no esconderse detrás del “y tú más”. Sumar llegó a la política estatal con un discurso de limpieza democrática y defensa de lo público. Precisamente por eso debe ser impecable cuando un diputado suyo queda bajo la lupa judicial por contratos municipales. Respetar la presunción de inocencia no significa convertir cada investigación en una conspiración ni cada trámite en un ataque al bloque progresista.
Desde la derecha, el riesgo contrario es convertir un suplicatorio en una condena política antes de tiempo. Se puede exigir transparencia, votar a favor de que el Supremo investigue y recordar que los cargos públicos no tienen una burbuja especial frente a la justicia. Pero cruzar la línea hacia el veredicto anticipado sería hacer justo eso que después se denuncia cuando el señalado es de la propia familia ideológica.
La clave está en septiembre. Si el Congreso autoriza el suplicatorio, el Supremo podrá seguir investigando sin el obstáculo de la inmunidad parlamentaria. Si lo rechaza, el coste político será inevitable porque el caso afecta a contratación pública, una zona donde la ciudadanía ya tiene el detector de humo demasiado sensible. Sea cual sea el desenlace, el expediente deja una enseñanza incómoda: la transparencia no puede depender del color del escaño ni del calendario de vacaciones.