El Tratado de Amistad con Francia vuelve al congelador. La mayoría absoluta del PP en el Senado ha acordado este jueves paralizar su tramitación hasta que el Tribunal Constitucional aclare una duda que la derecha considera central: si un ministro francés puede ser invitado a reuniones vinculadas al Consejo de Ministros español sin chocar con la Constitución.

El asunto parece de diplomáticos con carpeta azul, pero tiene carga política de sobra. El tratado fue firmado en enero de 2023 por Pedro Sánchez y Emmanuel Macron para elevar la relación bilateral entre España y Francia. Cooperación, defensa, energía, educación, cultura, frontera, proyectos comunes. Todo muy europeo. Hasta que apareció la frase maldita.

La cláusula que lo ha encendido todo

El artículo 2.4 del texto prevé que “un miembro del Gobierno de una de las partes” sea invitado al Consejo de Ministros de la otra “al menos una vez cada tres meses y por rotación”. PP y Vox sostienen que esa fórmula puede vulnerar el marco constitucional español, en especial la regulación de quién compone el Gobierno. El Ejecutivo defiende que se trata de invitaciones políticas y de cooperación, no de ceder decisiones ni soberanía.

La diferencia no es pequeña. Para el Gobierno, el tratado acerca a España al nivel de cooperación que Francia mantiene con otros socios europeos. Para el PP, el problema no es llevarse bien con París, sino firmar una puerta ambigua dentro del órgano donde se dirige la política interior y exterior española.

La derecha encuentra una palanca institucional

Desde una lectura conservadora, el Senado está haciendo justo aquello para lo que sirve una segunda cámara cuando el Gobierno va demasiado deprisa: frenar, revisar y obligar a despejar dudas antes de ratificar. La cooperación con Francia puede ser útil, incluso imprescindible, pero ningún atajo diplomático debería escribirse de forma que parezca más importante la foto con Macron que la arquitectura constitucional española.

Ahora bien, también conviene no vender humo. Paralizar no equivale a tumbar para siempre. Y pedir al Constitucional que aclare una cláusula no autoriza a convertir el tratado entero en una traición nacional. España y Francia comparten frontera, comercio, energía, seguridad y miles de problemas prácticos que no desaparecen porque el Senado pulse pausa.

El coste político de la pausa

La pregunta seria es qué se pierde mientras tanto. El tratado pretende ordenar una relación bilateral que ya existe todos los días: conexiones energéticas, cooperación policial, movilidad de trabajadores, coordinación europea y asuntos fronterizos. Si el texto tiene una cláusula mal planteada, lo razonable sería corregirla o interpretarla con precisión. Si el bloqueo se convierte en puro desgaste contra Sánchez, el país acabará pagando otra ronda de política exterior usada como trinchera doméstica.

El Gobierno tampoco sale gratis. Si sabía que esa redacción iba a levantar sospechas constitucionales, debió blindarla mejor desde el principio. En política internacional, las palabras importan. En un tratado, importan todavía más.

España necesita buena relación con Francia. También necesita que sus tratados no dejen flancos abiertos. Ahí está el equilibrio: cooperación sí, cheque en blanco no. Y si el Constitucional tiene que hablar, que hable cuanto antes; lo que no puede permitirse la política española es convertir cada instrumento exterior en otro episodio de bloqueo interno infinito.

Fuentes y contexto