Vox asumirá competencias de violencia de género en Andalucía y el Ministerio de Igualdad lo ha calificado de irresponsabilidad. La información la publicó RTVE: el reparto forma parte del pacto de Gobierno andaluz entre el PP regional y Vox. La Vanguardia recogió también las críticas de la oposición a que la formación de Santiago Abascal tenga mando sobre un área que el propio partido discute en su marco político habitual.
La noticia no necesita mucho adorno para ser grave. Una cosa es que Vox tenga votos, consejerías y capacidad de condicionar gobiernos. Eso forma parte de la democracia parlamentaria. Otra muy distinta es colocar bajo su radio de acción una política pública construida precisamente contra aquello que Vox suele negar o rebautizar: la violencia machista como fenómeno específico, con víctimas, protocolos, financiación y personal especializado.
La ideología entra por la puerta de administración
La Junta puede defender que las competencias se integran en una estructura administrativa más amplia y que los servicios seguirán funcionando. Esa explicación habrá que comprobarla con hechos, presupuesto y nombramientos, no con promesas. Porque en políticas sensibles, el organigrama no es una cosa menor. Decide quién prioriza, quién firma, qué se mide, qué se comunica y qué se deja enfriar en un cajón.
El problema no es solo simbólico, aunque el símbolo ya pesa bastante. Si un partido que evita el concepto de violencia de género gestiona competencias sobre esa materia, las víctimas reciben una señal inquietante: su protección entra en el mercado de trueques del poder. Hoy se cede una dirección, mañana se cambia un protocolo, pasado se rebaja una campaña. Tal vez no ocurra. Precisamente por eso hay que vigilarlo desde el primer día.
El PP no puede fingir que esto le cae del cielo
El PP andaluz intentará separar gestión y discurso: Vox podrá ocupar espacio, pero el Gobierno garantizará los servicios. Es una línea defensiva cómoda, aunque insuficiente. Los pactos no son fenómenos meteorológicos. Se firman. Y cuando se firma con una fuerza que ha hecho bandera contra el lenguaje y las políticas de igualdad, no vale decir después que la polémica es culpa de quienes se escandalizan.
La derecha tiene derecho a revisar políticas públicas, exigir evaluación y combatir propaganda institucional cuando la haya. Pero revisar no es desmantelar por la puerta lateral. Y llamar “ideología” a todo lo que protege a mujeres amenazadas es una forma barata de ganar tertulias y una forma carísima de gobernar mal.
Lo que debe exigirse ahora
La respuesta progresista tampoco debería quedarse en el grito. Si Igualdad estudia medidas o reprocha la decisión, debe concretar qué límites legales existen, qué competencias son autonómicas, qué garantías mínimas exige la legislación estatal y cómo se protegerá la continuidad de recursos. Las víctimas no necesitan comunicados inflamados; necesitan teléfonos atendidos, casas de acogida, juzgados coordinados, ayudas que lleguen y profesionales que no dependan del capricho del último pacto.
Ahí está el punto central. La violencia de género no puede ser una moneda más en la caja registradora de la gobernabilidad. Puede haber debate sobre campañas, estructuras y eficacia. Debe haberlo. Pero el suelo no se toca: reconocer el problema, proteger a las víctimas y sostener servicios especializados. Si Vox quiere demostrar que no viene a dinamitar nada, tendrá que hacerlo con presupuesto, respeto institucional y cero ocurrencias. Y si el PP quiere presumir de moderación, tendrá que dejar de entregar zonas sensibles a quien lleva años haciendo política contra ellas.
La prueba andaluza será muy concreta: no lo que digan en la rueda de prensa, sino lo que ocurra cuando una mujer pida ayuda. Si el sistema responde igual o mejor, habrá hechos. Si responde peor, el coste de este experimento no lo pagará ningún estratega. Lo pagarán las de siempre.