El decreto de vivienda que el Gobierno quería llevar este martes al Consejo de Ministros no llegará en julio. Se va a septiembre. Y no por falta de titulares, sino por falta de votos. Según EFE y fuentes del Ministerio de Vivienda recogidas por COPE, el Ejecutivo ha decidido aplazar la aprobación del real decreto ley ante la ausencia de apoyos suficientes para convalidarlo después en el Congreso.
La escena resume bastante bien el drama de la vivienda en España: todos reconocen que el alquiler está roto, todos prometen una solución urgente y, cuando aparece un texto concreto, cada socio encuentra su línea roja. La calle pide alquileres respirables; el Parlamento responde con calculadora, recelos cruzados y un calendario que ya mira a septiembre.
El borrador buscaba mezclar piezas de varias familias políticas. COPE detalla que incluía la prórroga de dos años para contratos de alquiler que vencieran antes del 30 de junio de 2028, regulación del alquiler de temporada y de habitación, beneficios fiscales a caseros que bajasen rentas, un IVA general del 21% para alquileres turísticos y sanciones más duras a plataformas con alojamientos sin licencia o número de registro.
Sobre el papel, sonaba a decreto ómnibus para que todos pudieran vender algo. En la práctica, ese método también tiene trampa: si metes en el mismo paquete la protección del inquilino, guiños fiscales a propietarios, turismo, suelo y sanciones, puedes acabar construyendo una mayoría… o regalando a cada grupo un motivo para levantarse de la mesa.
El choque más visible está en Podemos. Europa Press recoge que la formación considera que el decreto preparado por el Gobierno era una “temeridad” y una “amnistía a grandes pelotazos”. Su crítica se centra en la reforma de la ley del suelo, que interpreta como una puerta a más especulación urbanística. Podemos afirma que esa parte es una línea roja y que no piensa regalar sus votos a un texto que, a su juicio, mezcla avances sociales con cesiones al ladrillo.
Sumar queda en una posición incómoda: necesitaba recuperar medidas de alquiler tras la derrota parlamentaria de abril, pero depende de una mayoría en la que Junts, PNV, Podemos y otros socios no pisan exactamente el mismo suelo. El Gobierno sostiene que el acuerdo está más cerca que en otros momentos de la legislatura, pero reconoce que la premura del calendario podía hacer descarrilar la convalidación.
La lectura política es sencilla y bastante dura: el Ejecutivo no quiere otro decreto tumbado en el Congreso. La vivienda es demasiado grande para convertirla otra vez en una votación perdida en vísperas de agosto. Pero el aplazamiento también tiene coste. Para quien renueva contrato, busca piso o teme una subida, septiembre queda lejísimos. La política siempre tiene plazos; el alquiler llega cada mes.
Lo que no se puede afirmar, con los datos disponibles, es que el decreto hubiera bajado por sí solo los precios ni que la reforma del suelo implicara automáticamente corrupción o ilegalidad. Eso sería convertir posiciones políticas en hechos. Lo comprobado hoy es más concreto: había un borrador con medidas de alquiler, fiscalidad, turismo y suelo; el Gobierno no tenía garantizados los apoyos; Podemos rechazaba una parte clave; y Vivienda ha optado por ganar tiempo.
Ahora la pregunta es si septiembre servirá para limpiar el texto o para enterrarlo con mejores palabras. Si el Gobierno quiere que la vivienda no sea solo pancarta, tendrá que escoger: o un paquete más pequeño pero votable, o una negociación amplia que no convierta cada solución en moneda de cambio. Porque el problema no espera a que la mayoría se recomponga. El mercado sigue funcionando. Y funciona, demasiadas veces, contra quien vive de alquiler.