El Gobierno va a retirar la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a Antonio Vallejo-Nájera, el psiquiatra militar del franquismo que convirtió la ciencia en coartada política para señalar al enemigo ideológico. La decisión la comunicó el Ministerio de Sanidad y fue recogida por RTVE, EL PAÍS y El Mundo: el Ejecutivo entiende que una democracia no debe seguir homenajeando con una distinción sanitaria a una figura asociada a la represión franquista.
La noticia no cambia una ley de vivienda, no sube un impuesto y no mueve un escaño. Pero toca una fibra muy española: qué hace el Estado con los honores heredados cuando esos honores chocan con los valores que dice defender hoy. Porque una medalla pública no es una antigüedad inocente en un cajón. Es un mensaje.
Las medallas también hablan
Desde una mirada progresista, la pregunta es sencilla: si el Estado reconoce oficialmente a alguien, ¿qué está reconociendo exactamente? Vallejo-Nájera no es una figura polémica por una frase suelta mal envejecida. La propia información del Ministerio y la cobertura de los medios sitúan la retirada en su papel durante la represión franquista y en las teorías que justificaron el odio político disfrazándolo de ciencia.
Conviene decirlo sin convertir la memoria en un concurso de gritos. Retirar una condecoración no borra la historia. Al revés: la mira de frente. Lo que borra la historia es mantener los símbolos como si no significaran nada, como si las víctimas tuvieran que aceptar que el Estado democrático conserve homenajes de otro tiempo por pereza, por miedo o por esa vieja costumbre española de llamar “reabrir heridas” a dejar de aplaudir al verdugo.
No es revancha; es higiene democrática
La derecha suele responder a estos gestos con dos reflejos: que hay problemas más urgentes y que el Gobierno usa la memoria para tapar sus debilidades. La primera parte tiene truco. Claro que hay problemas más urgentes: alquileres, salarios, listas de espera, corrupción, financiación autonómica. Pero un Estado puede caminar y mascar chicle. Puede gestionar hospitales y, al mismo tiempo, revisar a quién honra en nombre de la sanidad pública.
La segunda objeción merece vigilancia. Cualquier Gobierno puede intentar convertir una decisión simbólica en cortina de humo. Por eso la medida debe apoyarse en hechos, expedientes y criterios públicos, no en un tuit inflamado ni en una rueda de prensa de temporada. En este caso, el dato verificable es concreto: Sanidad anuncia la retirada de una Gran Cruz y los medios la vinculan al papel de Vallejo-Nájera en la represión franquista. Lo que no debe hacerse es transformar ese hecho en acusaciones nuevas no documentadas.
El fondo incómodo
Lo incómodo de esta historia es que obliga a preguntarse cuántos reconocimientos públicos siguen funcionando por inercia. Calles, placas, honores, medallas. No son el centro de la vida material de nadie, pero sí forman parte del paisaje moral de un país. Y el paisaje también educa.
Quien crea que estas cosas no importan debería imaginar la escena al revés: una democracia europea manteniendo una distinción pública a alguien asociado a la persecución política y pidiendo a las víctimas que no sean tan sensibles. No suena a reconciliación. Suena a comodidad de los que nunca tuvieron que tragar con el símbolo.
La retirada de la Gran Cruz, si se tramita con garantías, tiene una virtud: no exige creer en una versión partidista de la historia. Exige algo bastante más básico. Que los honores del Estado democrático no se concedan —ni se mantengan— como si la democracia fuera neutral entre quienes la defendieron y quienes ayudaron a aplastarla.