Tribuna de derechas: cuando arde el monte, el Estado autonómico no puede esconder la factura

La emergencia nacional por los incendios de Madrid y Ávila vuelve a enseñar una verdad incómoda: España tiene un Estado muy grande para discutir competencias y, a veces, demasiado lento para explicar quién manda, quién paga y quién responde. Cuando Interior declara la emergencia de interés nacional y la UME asume la dirección operativa, la prioridad debe ser apagar el fuego y proteger a los vecinos. Pero después habrá que mirar el sistema entero sin esconderse detrás de la palabra “coordinación”, que en política española sirve muchas veces para que nadie firme la factura.

El parte básico está claro. El Gobierno declaró la emergencia por los incendios en Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Burgohondo. Defensa informó de trabajos de la UME durante la noche para proteger núcleos urbanos, viviendas y puntos con riesgo de reactivación. Europa Press recogió evacuaciones preventivas, carreteras cortadas, municipios confinados y una situación especialmente complicada en el Valle del Tiétar, con siete localidades evacuadas de forma preventiva y avisos mediante ES-Alert. En una emergencia así, conviene empezar por lo obvio: gracias a quienes están en el terreno y menos medallas para quienes llegan al micrófono.

El Estado no puede ser solo el comodín de última hora

Desde una mirada liberal y conservadora, la pregunta no es si debe intervenir el Estado cuando la situación se desborda. Claro que debe. Para eso está la protección civil nacional, para eso existe la UME y para eso se paga una estructura común. La pregunta seria es otra: ¿por qué España sigue llegando tantas veces al punto en que solo la intervención extraordinaria parece ordenar el caos?

Las comunidades autónomas tienen competencias, los ayuntamientos conocen el terreno y el Gobierno central dispone de medios estratégicos. Esa arquitectura puede funcionar si cada nivel hace su parte. Pero si se convierte en una carrera para cargarle al otro el coste político, el ciudadano queda atrapado en medio. Y cuando el fuego entra en una comarca, al vecino no le importa si el expediente subió por la ventanilla correcta. Quiere salir vivo, conservar su casa y saber que alguien con autoridad está tomando decisiones.

También hay que desconfiar de la tentación de convertir cada incendio en un alegato ideológico cerrado. Vox habla de “fanatismo climático” y corrupción del Gobierno; Óscar Puente acusa al PP de recortar impuestos y luego pedir la UME. Ambas frases tienen intención política, pero ninguna sustituye una auditoría seria de prevención, medios, tiempos de reacción, mantenimiento forestal, urbanizaciones en interfaz con el monte y protocolos de evacuación. La derecha haría mal en despachar todo con un ataque al ecologismo. La izquierda haría mal en convertir el clima en coartada para no evaluar fallos concretos de gestión.

Responsabilidad es algo más que pedir medios

Hay un punto que la derecha debería defender con claridad: pedir recursos al Estado es legítimo; hacerlo compatible con una política fiscal responsable también lo es. Bajar impuestos no puede significar debilitar servicios esenciales. Subirlos tampoco garantiza por arte de magia que el monte esté cuidado. Lo serio es ordenar prioridades. Si una administración presume de eficiencia, debe demostrarla en prevención, contratos, plantillas, tecnología, caminos, cortafuegos y respuesta rápida. Si el Gobierno central presume de músculo público, debe demostrarlo con mando eficaz, información clara y ausencia de propaganda.

La emergencia nacional no debería usarse para infantilizar a las autonomías ni para absolverlas. Tampoco para que Moncloa aparezca como salvadora universal cada vez que la situación se complica. España necesita un federalismo práctico, aunque nadie quiera llamarlo así: reglas claras, responsabilidades medibles y consecuencias cuando algo falla. Menos ceremonia competencial y más cuadro de mando.

La foto de Sánchez y Ayuso en el Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos puede interpretarse como normalidad institucional. Bienvenida sea, si ayuda. Pero el examen real empieza cuando se apaguen las cámaras: qué informes se publican, qué lecciones se aplican antes del siguiente verano, qué zonas se refuerzan, qué pueblos tienen planes de evacuación actualizados y qué presupuestos se priorizan sin esconderlos en discursos grandilocuentes.

Porque la libertad también necesita seguridad básica. Y la seguridad básica no nace de un Estado omnipresente que todo lo promete, ni de autonomías que reclaman ayuda sin asumir su parte. Nace de instituciones que saben hacer pocas cosas esenciales y hacerlas bien. Un incendio no distingue entre pancartas. La política, por desgracia, sí. Por eso conviene exigir a todos algo muy simple: menos relato, más prevención y responsabilidades con nombres, fechas y presupuesto.