Durante semanas, el caso Leire Díez ha sido tratado por una parte del Gobierno como otra nube tóxica de las muchas que pasan por Madrid: mucho titular, mucho ruido y ya escampará. El problema es que la nube empieza a dejar documentos, teléfonos y nombres con despacho. El juez Santiago Pedraz ha acordado imputar a Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, en una causa que investiga las maniobras atribuidas a Leire Díez. Eso no es una condena. Pero tampoco es un chisme de barra.
La presunción de inocencia no es negociable. Serrano tiene derecho a defenderse, a explicar lo que tenga que explicar y a no ser convertido en culpable por telediario. Precisamente por eso conviene tomarse el asunto en serio: porque la forma adulta de proteger garantías no es tapar el expediente con propaganda, sino abrir los cajones, enseñar los papeles y dejar trabajar a los jueces sin convertir cada diligencia en una guerra cultural.
Cuando el problema entra en el perímetro del poder
RTVE informó de que la Audiencia Nacional imputa a Juan Manuel Serrano en el caso Leire Díez. La Cadena SER añadió que el juez autoriza el volcado del móvil y cita como testigos a dos trabajadoras de Ferraz. El País publicó que Anticorrupción avaló la imputación del expresidente de Correos y el análisis de su teléfono. Telemadrid recogió también la decisión judicial y el avance de las diligencias.
El salto político es evidente. No hablamos solo de una militante incómoda, ni de audios vergonzantes, ni de la típica bronca entre partidos. Hablamos de alguien que fue jefe de gabinete de Sánchez en el PSOE y que presidió una empresa pública tan sensible como Correos. Eso no convierte a nadie automáticamente en culpable, pero sí obliga a una pregunta elemental: ¿qué controles existen cuando una red de confianza política se mueve cerca de instituciones públicas?
La izquierda suele pedir transparencia cuando el foco cae sobre la derecha. Hace bien. La derecha suele exigir dimisiones cuando el foco cae sobre el Gobierno. También hace bien si no vende sentencia antes de juicio. Pero hay un estándar que debería servir para todos: cuanto más cerca del poder está una persona investigada, más clara tiene que ser la explicación institucional. No menos. Más.
La transparencia no puede depender del color del imputado
El Gobierno puede intentar reducir el caso a ruido opositor. Es una tentación cómoda, pero torpe. Cada vez que una investigación se responde con “esto es una campaña”, el ciudadano entiende otra cosa: que nadie quiere hablar del fondo. Y el fondo no es si la oposición grita mucho, que grita. El fondo es si hubo maniobras para obtener o usar información sensible, quién las conocía, qué papel jugó cada actor y si alguna institución pública fue utilizada como extensión de una pelea partidista.
Una democracia sana no se mide solo por cuántas leyes aprueba, sino por cómo reacciona cuando la investigación entra en casa. Si la respuesta es blindar a los propios, desacreditar al juez de turno o esconderse detrás de tecnicismos, el mensaje que llega abajo es devastador: la rendición de cuentas es para los demás.
También conviene no pasarse de frenada. No hay que llamar “trama” a lo que todavía está bajo investigación si no hay prueba judicial firme para sostenerlo. No hay que atribuir delitos como si fueran hechos cerrados. Pero exigir explicaciones políticas no es vulnerar la presunción de inocencia. Es exactamente lo que se pide a quienes administran poder, presupuesto y confianza pública.
El caso Leire ya no va solo de una conversación fea o de una operación chapucera. Va de algo más simple y más grave: si el sistema político español acepta que los suyos rindan cuentas con la misma vara que exige al adversario. Si la respuesta vuelve a ser “y tú más”, entonces el problema no será solo judicial. Será de higiene democrática.