Moncloa no quiere que Macron aterrice en Madrid sin el regalo envuelto. El Gobierno ha pedido al Senado que ratifique “con carácter prioritario” el Tratado de Amistad y Cooperación con Francia en el pleno de la próxima semana, justo antes de la visita de Estado del presidente francés los días 29 y 30 de septiembre. No es un detalle de agenda: es presión política sobre una Cámara que el PP controla con mayoría absoluta.
El escrito lo firma Rafael Simancas, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, y va dirigido al presidente del Senado, Pedro Rollán. Se apoya en el artículo 71.1 del Reglamento: el Gobierno puede colar un asunto prioritario en el orden del día. Y, por si acaso, recuerda el 70.1: si hace falta, pleno extraordinario a petición del Ejecutivo. Traducción libre: o lo metéis ya, o lo pedimos a la brava.
El Constitucional, el miércoles, despejó el tapón jurídico. Por unanimidad avaló el tratado firmado en Barcelona en 2023 y dijo que no choca con la Constitución. La clave estaba en el artículo 2.4: un ministro de un país invitado al Consejo de Ministros del otro, al menos una vez cada tres meses y por rotación. El PP y Vox habían frenado la ratificación en julio elevando el texto al TC, en nombre de la “seguridad jurídica” y del artículo 98 de la Constitución sobre la composición del Gobierno. El tribunal responde, con ponencia del magistrado Ricardo Enríquez, que la invitación es “en los márgenes” y en una reunión “por separado”, tal como aclararon las cartas interpretativas entre José Manuel Albares y su homólogo francés.
Eso no cierra el debate político. Cierra, de momento, el litigio. El Congreso ya había dado luz verde en junio con el rechazo de PP y Vox. El Senado lo aparcó. Ahora Moncloa quiere rematarlo a contrarreloj para la foto con el Elíseo. Albares celebra el aval y acusa al PP de “boicotear” los intereses de España: primer socio comercial, 330.000 españoles en Francia, un millón de personas en la vida transfronteriza y decenas de miles de millones en exportaciones anuales. Francia, dice el Gobierno, ya practica fórmulas parecidas con Alemania, Italia o Polonia. El PP, cuando bloqueó, hablaba de otra cosa: quién se sienta, aunque sea en el pasillo, junto al poder ejecutivo español.
Desde la derecha el problema no es odiar a Francia. Es no convertir la diplomacia en un trámite exprés porque llega una cena de gala. Un tratado de amistad puede ser útil; una ratificación al dictado del calendario de visitas es otra película. El Gobierno tiene el aval del TC y la urgencia del anfitrión. El Senado tiene la mayoría y la obligación de no parecer un tampón de Moncloa. Entre medias queda la pregunta que el PP planteó en julio y que no se contesta solo con un auto: hasta dónde se diluye la frontera entre cooperación europea y soberanía del Consejo de Ministros cuando la prisa la marca el invitado.
Si Rollán mete el punto y la mayoría popular lo saca, Macron tendrá tratado en vigor o muy cerca. Si el PP aguanta el tipo, Moncloa tendrá que explicar por qué un acuerdo “histórico” solo parece urgente cuando hay alfombra roja. En política exterior también se mide quién manda de verdad: el Ejecutivo que apremia, o la Cámara que todavía puede decir no.