El Gobierno lleva semanas repitiendo una frase tranquilizadora: se devolverá a quien no tenga derecho a quedarse, “con arreglo a la ley”. El problema de esa frase no es que sea falsa. Es que la ley también abre puertas. Y este martes y miércoles el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha empezado a decir en voz alta lo que muchos daban por descontado en privado.
En declaraciones recogidas por Europa Press —difundidas también por Noticias de Almería—, Torres advierte de que habrá menores llegados a Ceuta con derecho de asilo y otros que no podrán ser reagrupados con sus familias y, por tanto, no podrán ser devueltos a su país de origen como si el expediente fuera un simple billete de vuelta. “Aquellos que tengan derecho a asilo no podrán ser devueltos conforme a la ley; esto no es una cuestión de voluntad política”, sostiene el ministro en RNE, según esa cobertura.
La letra pequeña que moncloa prefería en segundo plano
THE OBJECTIVE publica otra pieza del mismo puzle: fuentes gubernamentales admiten que algunos menores no acompañados se quedarán en España por reagrupación familiar, porque parte de sus familiares ya residen aquí y la ley de extranjería lo contempla. Hasta el momento se han filiado 1.612 menores, con previsión de que la cifra suba cuando se complete el cruce de datos en centros de acogida. En otros casos, añade el reportaje, el Estado podría ejercer tutela.
Eso no es un “bulos de la derecha”. Es el Ejecutivo reconociendo permanencia. Se puede defender —y de hecho se defiende desde marcos garantistas— que un menor con familia en España o con indicios de protección internacional no se expulsa a ciegas. Lo que no se puede hacer es vender a la opinión pública, y a Bruselas, un relato de retorno casi total como si fuera automático.
El propio reportaje de THE OBJECTIVE recuerda la tensión con el compromiso político de que el grueso retornaría a Marruecos. Mientras tanto, el Ministerio de Juventud e Infancia anunció a mediados de agosto el traslado urgente a la Península de 500 niñas tuteladas en Ceuta; a fecha de la información, el traslado no se había consumado a la espera de la firma de la ciudad autónoma y de acuerdos con comunidades. Algunas de esas menores, reconoce el Gobierno, podrían quedarse.
Capacidad, CETI y la retórica del 90%
Torres insiste en el mando único y en la logística: sin espacios datados y acotados, dice, no hay devoluciones ordenadas. Antes de la entrada masiva de finales de julio, el CETI de Ceuta rondaba poco más de 500 plazas; con las últimas actuaciones se habrían ampliado hasta unas 3.400 y el objetivo anunciado es llegar a 6.000 en los próximos días. El real decreto de instalaciones se ha retocado para sacar del mapa polideportivos, el hospital militar y la fábrica de La Harina tras la presión vecinal y del Gobierno local de Juan Jesús Vivas, e incorporar parcelas del puerto y terrenos del Ministerio de Vivienda junto al acuartelamiento K-8.
El Ejecutivo subraya, además, que el 90% de quienes entraron a finales de julio regresaron a Marruecos de forma voluntaria en apenas 24 horas, y que entre el 19 y el 31 de agosto lo hicieron otras 3.519 personas. Es un dato relevante. No cierra el debate de los menores: la crisis se juzgará, en buena medida, por lo que ocurra con quienes no se fueron y por el volumen final de asilos, tutelas y reagrupaciones.
Lectura de derechas sin teatralizar
Desde un marco liberal-conservador, el aviso de Torres confirma una sospecha operativa: “con arreglo a la ley” no es sinónimo de repatriación masiva exprés. Significa expedientes, abogados, recursos, plazos y categorías jurídicas —asilo, interés superior del menor, reagrupación— que convierten la frontera en un proceso administrativo largo. Quien prometa “fuera en 48 horas” a todos los menores miente. Quien prometa que casi nadie se quedará, también.
La oposición tiene derecho a exigir cifras diarias de filiación, denegaciones de asilo, retornos efectivos y plazas por comunidad. El Gobierno tiene la obligación de no usar el Derecho internacional como cortina de humo para diluir responsabilidades de control fronterizo y de presión diplomática sobre Marruecos. Las dos exigencias pueden convivir. Lo que no puede convivir es el eslogan de normalización total con un ministro admitiendo, el mismo día del Día de Ceuta, que parte de la llegada de julio se quedará por la puerta del asilo o de la familia.
Ceuta no necesita sermones de dureza de salón. Necesita números auditables. Torres acaba de poner el primer número incómodo encima de la mesa: no todos se van. Ahora falta el resto de la contabilidad.