Techo de gasto récord: el Gobierno enseña músculo, pero los votos no vienen incluidos

El Gobierno ha puesto sobre la mesa el número grande con el que quiere abrir la pelea de los Presupuestos de 2027: 226.032 millones de euros de techo de gasto. La cifra, aprobada por el Consejo de Ministros, supone un incremento del 6,6% respecto a la propuesta anterior, según recogen Antena 3 y Telemadrid. Hacienda lo vende como el primer paso para unas cuentas “ambiciosas en lo social y responsables en lo fiscal”. La frase suena impecable. La pregunta es si el Congreso la compra.

Conviene separar dos cosas que a veces se mezclan en el ruido político. El techo de gasto no se vota como tal en las Cortes, pero sí la senda de déficit y deuda que lo acompaña. Y ahí empieza el barro. El Gobierno quiere llevar esa senda al Congreso en un pleno extraordinario el 14 de julio, con una segunda oportunidad el día 23 si la primera sale mal. En cristiano: el Ejecutivo ya tiene el cartel de salida, pero todavía necesita carretera parlamentaria.

Un récord no es un presupuesto aprobado

Desde una mirada liberal-conservadora, el problema no es que el Estado tenga dinero para servicios públicos. Nadie serio discute que sanidad, educación, dependencia o seguridad cuestan. El problema es la costumbre de presentar cada récord de gasto como una medalla automática, como si gastar más fuese sinónimo de gobernar mejor. No lo es. Puede ser inversión útil. También puede ser gasolina para una máquina que nunca se revisa.

España arrastra años sin Presupuestos nuevos aprobados con normalidad. Las últimas cuentas plenamente tramitadas vienen de otra fase política y económica. Si el Gobierno quiere convertir este techo en Presupuestos reales, tendrá que negociar con una mayoría fragmentada, explicar prioridades y asumir que no basta con enseñar la cifra más alta de la historia. La política no es una rueda de prensa con PowerPoint: es juntar votos, aceptar costes y decir qué se recorta, qué se mantiene y qué se paga.

La factura siempre encuentra buzón

La cifra de 226.032 millones llega en un contexto incómodo para el Ejecutivo: comunidades autónomas vigilando la financiación, socios parlamentarios con agendas propias y una oposición que ve en cada nuevo gasto una oportunidad para hablar de despilfarro. El PP, según su propia comunicación difundida este martes, vuelve a pedir eliminar gasto superfluo y negociar financiación autonómica y Presupuestos en una mesa común. Es el marco clásico de la derecha: menos relato expansivo y más control de caja.

Ese marco tiene una virtud y una trampa. La virtud: obliga a preguntar por resultados, no solo por millones. La trampa: puede convertir “gasto superfluo” en una etiqueta elástica donde cabe todo lo que no gusta ideológicamente. Si se habla de eficiencia, hay que bajar al detalle. ¿Qué programa no funciona? ¿Qué duplicidad se elimina? ¿Qué administración paga qué? Sin esa concreción, la tijera también se vuelve propaganda.

El Gobierno quiere terminar la legislatura con cuentas

La lectura política es evidente. Aprobar Presupuestos de 2027 sería para Sánchez algo más que un trámite económico: sería una prueba de vida de la legislatura. No aprobarlos reforzaría la idea de un Ejecutivo que gobierna a golpe de prórroga, decreto y geometría variable. Por eso el techo de gasto no es solo una cifra contable; es una apuesta de resistencia.

La derecha hará bien en no limitarse al “no” automático. Si el Gobierno presenta unas cuentas infladas o mal explicadas, debe desmontarlas con números. Si incluye partidas útiles, habrá que reconocerlo. Y si pretende envolver en épica social una factura que otros pagarán mañana, toca decirlo sin complejos. Porque el dinero público no cae del cielo: sale de impuestos, deuda y prioridades. Y las prioridades, cuando se votan, retratan a todos.