El calendario electoral ya no solo se mide en sondeos. También se mide en salas del Tribunal Constitucional. Esta semana el pleno afronta los recursos de Dolors Bassa y Jordi Turull sobre la amnistía de la malversación del procés. No es un trámite de archivo: es el punto en el que la ley del olvido choca, otra vez, con el muro que levantó el Supremo.
La historia es conocida y, aun así, sigue doliendo en los despachos. El Tribunal Supremo se negó a amnistiar la malversación y construyó un argumento de trazo grueso: como los responsables del Govern no pagaron el 1-O de su bolsillo, hubo un “enriquecimiento” que sacaría el delito del perdón. La ponencia del presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, sobre el amparo de Bassa va en dirección contraria. Dice, con claridad de código, que la ley deja fuera la corrupción ajena al proceso independentista, no la malversación ligada al referéndum y a la organización política del 2017.
Según el relato de la prensa de tribunales, la mayoría progresista del pleno avala esa tesis. La previsión es que las resoluciones salgan adelante entre martes y miércoles, con el matiz importante de siempre: votar no es publicar. Habrá redactado final, votos particulares y notificación. El BOE no es un tuit.
¿Y Puigdemont? Aquí conviene no vender humo. La doctrina de Bassa y Turull no abre la maleta del expresident de forma automática. Marca el camino. Después hace falta que el juez Pablo Llarena, en el Supremo, reciba la resolución, levante la malversación que sostiene la orden de detención nacional y archive lo que corresponda. Puede pedir alegaciones. Puede tardar. Pero el sentido del movimiento es inequívoco: la cuenta atrás para que pueda pisar Catalunya sin esposas judiciales empieza en el TC, no en un mitin.
El 29 de noviembre lo cambia todo y no cambia nada. Lo cambia todo porque Junts mide si su activo más mediático llega a campaña con pasaporte judicial limpio o con la orden todavía humeando. El plazo de candidaturas ronda el 26 de octubre; otros recursos —Junqueras, Forn y compañía— podrían encajar en el pleno del 20 de octubre por aplicación de doctrina. No cambia nada porque la amnistía no era un capricho de salón: era la pieza de normalización que el Congreso aprobó y que el TJUE, en julio, enmarcó como instrumento de reconciliación. Quien ahora descubra “escándalo” solo porque hay urnas llega tarde al debate.
La derecha ya tiene el guion: TC capturado, Pumpido, foto con Puigdemont, fin de la igualdad ante la ley. Se puede discutir el diseño de la norma. Se puede criticar el coste político. Lo que no se sostiene es convertir al Supremo en cámara de tercera lectura permanente contra una ley vigente. El propio Conde-Pumpido ha recordado que a veces aparece “cierta voluntad de no atender” las resoluciones del Constitucional. Traducción de metro: si cada tribunal elige qué acatar, no hay Estado de derecho; hay feudo.
Moncloa, con las Cortes disueltas tras el choque de los decretos de vivienda y el no de Junts, ya no necesita tanto la foto de recepción. Necesita otra cosa: defender que la amnistía no fue humillación, sino cierre de una herida que el código penal no iba a coser solo. El PP y Vox la usarán de porra de campaña. Es legítimo en democracia. También es legítimo recordar que sin desjudicializar del todo el conflicto catalán, cada ciclo electoral reabre el mismo surco y cada juez se convierte en actor de la pelea partidaria.
Lo que sale esta semana del TC no “regala” escaños. Ordena aplicar una ley. Si Llarena tarda, se notará en la campaña. Si aplica, Puigdemont decidirá cuándo volver. En ambos casos, el mensaje de fondo es el mismo: la malversación del procés no puede quedar como excepción eterna diseñada para que el perdón nunca llegue. Eso no es impunidad de salteadores. Es política criminal de un Estado que, después de indultos, inhabilitaciones y años de causa, eligió pasar página por ley. Ahora toca que la página se pase de verdad.