Tardón ya ve indicios arriba: la causa de Ceuta deja de ser solo playa y furgones

Ceuta vuelve a salir en las pantallas con furgones. Este domingo, según ABC, más de treinta vehículos de la Policía Nacional, con blindados de apoyo, han empezado una primera fase de desalojo en la playa del Trampolín, donde se estima que viven unas 3.500 personas. Es la imagen que el Gobierno prefiere: orden, triaje, autobuses al CATE, opción de retorno voluntario a Marruecos. La otra imagen, más incómoda, está en un auto de la Audiencia Nacional.

La juez María Tardón, informa El Mundo, ha dejado por escrito que de las diligencias practicadas «se desprenden, ya, algunos indicios de la posible implicación de personas que pudieran ejercer altas responsabilidades en instituciones públicas», además de «relaciones con individuos vinculados a gobiernos extranjeros». No es un titular de barra de bar. Es el lenguaje de una instructora que ve riesgo de interferencias y decide blindar la causa.

El blindaje es concreto. Refuerza la «absoluta reserva»: los investigadores de Policía, Guardia Civil y demás unidades deberán informar en exclusiva al juzgado y a la Fiscalía. Si quieren contar algo a sus superiores orgánicos, hace falta permiso expreso. Cita el artículo 126 de la Constitución —la policía judicial depende de jueces y fiscales en la averiguación del delito— y lo convierte en disciplina operativa. Parte de las diligencias ordenadas el 16 de septiembre pasan a secreto: identificación de agentes marroquíes que pudieron coordinar lo sucedido (Policía, Guardia Civil, CNI) y el rastro de financiación (UDEF y UCO).

En el banquillo de testigos, de momento, ya han pasado el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas; el ex jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno, Gonzalo Sanz; y el jefe de la Policía Local. El reportaje sitúa como primer candidato a una futura imputación al ex delegado Miguel Ángel Pérez Triano, y pone la mirilla en las secretarías de Estado que recibieron avisos: Interior, Política Territorial, Inmigración y Defensa. Todavía no hay condenas ni un listado cerrado de investigados formales en ese texto. Hay indicios, nombres en el radar y una juez que no quiere que el expediente se filtre por la escalera de mando.

El hilo de los avisos es el que más duele al relato oficial. Sanz, primer cargo del PSOE caído por Ceuta, entregó su teléfono con 19 mensajes adicionales del enlace del CNI que el Gobierno no había desclasificado, según El Mundo. Ratificó lo de su carta de dimisión: el 29 de julio trasladó al delegado los avisos que le llegaron de inteligencia. Pérez Triano negó primero haber sido informado; más tarde admitió haber alertado de una «grave crisis migratoria» y haber pedido refuerzos. Esa contradicción no es un detalle de hemeroteca: es el tipo de grieta que una instrucción seria ensancha.

Vivas, por su parte, ha contado a la juez que en los días previos intentó contactar reiteradamente con el entorno de Moncloa. Da igual cómo se maquille después: la pregunta política es simple. Si había señales —en redes, en el CNI, en la Delegación, en la ciudad— ¿quién no las escaló, quién las minimizó y quién decidió que la frontera se aguantaba sola?

Desalojar el Trampolín puede ser necesario para la ciudad y para la desaladora que quieren proteger. No sustituye la rendición de cuentas. Una entrada masiva de finales de julio, meses de chabolismo a la vista y ahora un auto que habla de altos cargos y de posibles vínculos exteriores no se cierran con una foto de furgones al amanecer. Si la juez ha pedido reserva absoluta es, precisamente, porque sospecha que la verdad puede molestar a quien manda. Eso, en una democracia, no es un insulto: es el trabajo de la Audiencia Nacional.