Cuando un juez de la Audiencia Nacional habla de ataque a la integridad territorial, el eufemismo se acaba. María Tardón ha asumido este lunes la investigación de la entrada masiva en Ceuta de los días 30 y 31 de julio. No como un simple desorden fronterizo. Como una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que habría golpeado la soberanía española protegida por el artículo 2 de la Constitución.
Eso es el Estado reconociendo, por la vía judicial, que lo de Ceuta no fue un “pico migratorio” de manual. La Vanguardia, elDiario.es, AS y The Objective coinciden en el núcleo del auto: paz o independencia del Estado, derechos de extranjeros ligados a homicidios imprudentes, organización criminal. Y secreto parcial de las pesquisas, a petición del fiscal jefe Jesús Alonso.
El detalle que debería hacer temblar a más de un despacho está en el CENIF. El informe policial que recoge el auto no describe espontaneidad: describe proceso, cobertura migratoria formal y, el 29 de julio, una alerta de riesgo extremo de entrada coordinada. Un día antes. Si la Policía avisó de un escenario de nado masivo más salto a la valla “de forma coordinada”, la pregunta ya no es de sensibilidad humanitaria. Es de autoridad.
La instructora, según La Vanguardia, ve una “clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos”. De nuevo: indicios, no sentencia. Pero indicios del calibre suficiente para que la Audiencia Nacional se quede con la causa tras la denuncia de Iustitia Europa. Quien exija “pruebas de Estado contra Estado” para ni siquiera investigar confunde diplomacia con impunidad narrativa.
Desde la derecha liberal-conservadora el diagnóstico es claro. Una frontera que se atraviesa por decenas de miles de personas en dos días no es solo un problema social: es un test de soberanía. Ceuta no puede quedar como rehén de la lentitud administrativa ni del miedo a enfadar a Rabat. Investigar no es “ir a la guerra”. Investigar es lo mínimo que hace un país que se toma en serio su territorio, a sus vecinos ceutíes y a la idea de que el control de fronteras no se negocia a golpe de avalancha.
El Ejecutivo prepara desclasificaciones para el martes y papeles públicos el miércoles. Perfecto: que salgan. Pero el auto ya ha dejado en evidencia el coste de relativizar lo ocurrido. Si hubo organización, logística y empujes desde fuera, el Estado debe perseguirlo. Si hubo fallos de respuesta, también. Lo que no cabe es seguir con el guion de que cualquier mención a Marruecos es tabú y cualquier exigencia de control es extrema derecha.
La integridad territorial no es un eslogan de campaña. Es el suelo sobre el que se construye todo lo demás: vivienda, escuela, sanidad y convivencia. Tardón no ha condenado a nadie. Ha abierto la puerta grande. Ahora toca que la política no la cierre con un comunicado blando y una foto de cooperación.