El Supremo deja viva la regularización: menos miedo europeo y más política migratoria seria

El Tribunal Supremo ha decidido no llevar a la Justicia europea el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes y ha rechazado paralizar el real decreto que lo puso en marcha, según publican La Vanguardia y The Objective. La decisión afecta a las peticiones planteadas en torno a la medida y, de forma práctica, evita que el debate quede congelado a la espera de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La noticia no convierte la regularización en una política perfecta ni borra las preguntas legítimas sobre gestión, requisitos, plazos o impacto administrativo. Pero sí pincha una parte del globo político: no todo desacuerdo con una medida migratoria es automáticamente un choque con Europa, ni toda alarma de campaña acaba encontrando un muro jurídico que la sostenga.

Menos épica y más ventanilla

Desde una mirada progresista, el punto central debería ser bastante simple: cuando hay personas viviendo, trabajando o intentando ordenar su situación, el Estado no puede tratarlas como niebla estadística. Regularizar no es abrir una puerta sin marco. Es poner condiciones, expedientes, controles y derechos donde antes había una zona gris que beneficia demasiado a quien explota y demasiado poco a quien trabaja.

La derecha tiene derecho a exigir cifras, controles y coordinación con comunidades autónomas. Eso es fiscalización democrática. Lo que no debería hacer es convertir cada trámite migratorio en una escena de invasión. Porque al final la política real no ocurre en un plató: ocurre en oficinas saturadas, en contratos que no se firman, en familias que no saben si podrán vivir sin miedo y en empresas que a veces prefieren trabajadores invisibles porque salen más baratos.

La justicia no sustituye a la política

La decisión del Supremo tampoco regala un cheque en blanco al Gobierno. Si el Ejecutivo quiere que una regularización funcione, tiene que explicar bien los requisitos, reforzar la administración que tramita expedientes y coordinar servicios públicos. Una medida así no se defiende solo con buenas palabras. Se defiende evitando colas eternas, papeles imposibles y mensajes contradictorios.

La Abogacía del Estado ya había rechazado que el Supremo elevara la cuestión a Europa, según recogió RTVE. Ahora el alto tribunal descarta esa vía. El resultado político es claro: el foco vuelve al Parlamento y al Gobierno. Menos trinchera judicial y más rendición de cuentas concreta.

Y ahí conviene no engañarse. Regularizar no resuelve por sí sola la precariedad laboral, ni arregla la vivienda, ni cura el racismo institucional, ni sustituye una política migratoria seria. Pero dejar a miles de personas en el limbo tampoco es orden: es desorden rentable para los de siempre. La economía sumergida no aparece por exceso de papeles, sino por falta de reglas aplicables y por mirar hacia otro lado cuando conviene.

La pregunta honesta no es si España debe elegir entre fronteras o derechos. Esa dicotomía sirve para calentar tertulias, no para gobernar. La pregunta es si queremos un Estado capaz de saber quién vive aquí, bajo qué condiciones, con qué obligaciones y con qué protección mínima. El Supremo ha retirado, al menos de momento, una excusa europea del tablero. Ahora toca hacer política de verdad: datos, control y humanidad en la misma frase.