El Supremo mete ley en la frontera: controlar Ceuta no autoriza a saltarse garantías

La crisis de Ceuta ha puesto al Gobierno, a la oposición y a la ciudad autónoma a hablar de fronteras, Ejército y emergencia nacional. Pero en medio del ruido hay una pieza que no cabe barrer debajo de la alfombra: el Tribunal Supremo ha fijado que la ley no permite devolver en caliente a quienes intentan entrar a nado por Ceuta o Melilla. La frontera existe, sí. La ley también.

Según la información difundida por el Poder Judicial y recogida por Europa Press, el Supremo confirma que el régimen de rechazo en frontera no puede aplicarse sin más a las personas interceptadas en el mar cuando tratan de llegar nadando. El matiz importa mucho: no estamos ante un debate de tertulia sobre si el Estado debe controlar la frontera, sino ante una discusión jurídica sobre cómo se puede hacer y con qué garantías mínimas.

Europa Press añade otro punto relevante: la sentencia deja abierta la posibilidad de que las devoluciones en caliente pudieran aplicarse si existen elementos de contención en el mar. Dicho en sencillo: no basta con señalar el agua y actuar como si fuera una valla invisible. La Administración tiene que encajar sus decisiones en una norma concreta y en unas condiciones concretas. Si no, el atajo se convierte en problema judicial.

El contexto político es explosivo. Ceuta ha pedido al Gobierno más control y una respuesta extraordinaria ante la presión migratoria. El Ejecutivo replica que la declaración de emergencia no contempla la presión migratoria y sostiene que el Estado ya está actuando. El PP, por su parte, exige recuperar el control de la frontera y ha elevado el tono con una lectura de seguridad nacional. Todo eso forma parte del choque político normal en una crisis. Lo que no puede hacer nadie es fingir que una sentencia del Supremo es un adorno.

Desde una lectura progresista, la clave es incómoda pero clara: defender derechos en frontera no significa negar la frontera. Significa impedir que el Estado se acostumbre a operar en zonas grises porque la persona que tiene delante no vota, no tiene altavoz y llega mojada, exhausta o empujada por una red de tráfico. La fuerza pública no pierde autoridad por cumplir garantías. La pierde cuando necesita saltárselas para parecer eficaz.

También hay una advertencia para la izquierda: si todo se reduce a denunciar “racismo” sin ofrecer gestión real, la derecha se queda sola contando lo que ocurre en el espigón. Y eso es un regalo político enorme. Una frontera sin medios, sin coordinación con Marruecos, sin procedimientos claros y sin capacidad de identificación no protege mejor a nadie. Ni a los vecinos de Ceuta ni a los migrantes.

La derecha, en cambio, debería mirar de frente el límite legal. Pedir orden es legítimo. Convertir cada garantía judicial en una traición al país es otra cosa. El Supremo no está diciendo que España deba abrir la frontera. Está diciendo que el Estado no puede inventarse un carril rápido al margen de la ley porque el caso sea difícil o la imagen sea incómoda.

La política seria empieza justo ahí: reforzar medios, clarificar protocolos, exigir cooperación a Marruecos, combatir a las mafias y sostener garantías jurídicas aunque haya presión. Lo demás es pan para hoy y recurso judicial para mañana. En Ceuta no sobra Estado; falta un Estado que llegue a tiempo, actúe con firmeza y no necesite apagar la Constitución cada vez que el mar trae una crisis a la orilla.