El Tribunal Supremo ha aplicado la amnistía a Meritxell Serret, exconsellera de Agricultura del Govern del 1-O. La decisión extingue la responsabilidad penal por los actos por los que fue acusada y convierte a Serret en la primera consellera de aquel Govern que se beneficia de la ley en esta pieza concreta del tablero judicial.
La noticia tiene una parte jurídica y otra política. La jurídica es seca: Serret fue condenada en 2023 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a un año de inhabilitación y 12.000 euros de multa por desobediencia grave. Según las informaciones publicadas, el Supremo considera ahora amnistiados esos actos. No hablamos de absolución retroactiva ni de borrar la historia; hablamos de aplicar una ley aprobada por las Cortes a una condena determinada.
La parte política es menos fría. ERC celebró la resolución y sostuvo que avala la estrategia seguida con la amnistía. Salvador Illa también la saludó y pidió que la norma se aplique con más rapidez al resto de afectados. Para el independentismo, cada auto favorable es una prueba de que la vía pactada produce resultados. Para sus detractores, es justo lo contrario: una cesión que reabre heridas y convierte la justicia en moneda parlamentaria.
Conviene no trampear el debate. Serret no fue condenada por malversación ni por violencia, sino por desobediencia grave vinculada al referéndum unilateral de 2017. Ese detalle importa porque la discusión sobre la amnistía se juega mucho en los tipos penales, los límites europeos y la diferencia entre desobedecer al Constitucional y manejar fondos públicos.
También importa el calendario. La decisión llega después del aval europeo que ha despejado parte de las dudas sobre la compatibilidad de la ley con el Derecho de la Unión. Eso no significa que todas las causas pendientes queden automáticamente resueltas ni que desaparezcan los recursos. Significa que la amnistía ya no es solo un gran titular de investidura: empieza a producir efectos caso a caso.
La lectura desde la derecha será dura y tiene una base política clara: el Gobierno depende de los votos independentistas y la amnistía fue una condición central del nuevo ciclo. La crítica legítima es preguntar si el interés general ganó algo o si se pagó estabilidad con impunidad simbólica. Lo que no debe hacerse es atribuir delitos no existentes en esta resolución ni presentar como condena vigente lo que el Supremo acaba de extinguir.
La lectura desde la izquierda y el catalanismo es la contraria: cerrar carpetas penales para devolver el conflicto a la política. Es un marco potente, pero tampoco gratuito. Si la convivencia se invoca como objetivo, debe traducirse en instituciones que funcionen, respeto a las reglas y menos épica de choque. La amnistía puede sacar causas de los tribunales; no vacuna contra repetir errores.
El punto central es que la política española sigue viviendo en el eco del 1-O. Cada resolución judicial tiene lectura parlamentaria, cada gesto del Supremo mueve a partidos y cada avance de la amnistía vuelve a partir la conversación pública. Serret sale del tramo penal por esta vía. España no sale todavía del debate de fondo: qué precio tiene normalizar Cataluña y quién decide cuándo una herida está cerrada.