El Supremo amnistía a Junqueras y cierra el grifo de la inhabilitación

Durante nueve años el procés ha vivido en los juzgados como si el calendario político pudiera congelarse con una toga. Este martes ese truco se rompió un poco más: el Tribunal Supremo ha aplicado la amnistía por malversación a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.

No es un capricho de última hora ni un guiño de campaña. Es el cumplimiento —a regañadientes, con prosa combativa— de lo que el Tribunal Constitucional dejó escrito el 6 de octubre: la Sala Penal debía otorgar la medida de gracia también a ese delito. Dos semanas después, el alto tribunal lo hace.

La consecuencia práctica se entiende sin jerga. El indulto de 2021 ya había quitado de en medio la cárcel que quedaba. Lo que aún pesaba era la inhabilitación: hasta 2030 para Romeva y Turull, hasta 2031 para Junqueras y Bassa. Esa pena queda sin efecto. También se ordena comunicar el auto a Justicia para borrar antecedentes. Traducción: pueden volver a la vida pública sin el cartel de «condenado inhabilitado» colgado del cuello.

Marchena firma el auto junto a Martínez Arrieta y Del Moral, los tres del tribunal del procés que siguen en activo. Cumplen… y protestan. Hablan de «innecesaria grandilocuencia» del Constitucional y de un razonamiento que, según ellos, invade el terreno del Supremo. Es el clásico del poder judicial herido: acato la doctrina, pero dejo constancia de que me parece un exceso.

Desde la izquierda democrática el fondo importa más que el tono. Una ley orgánica de amnistía, avalada en su alcance por el TC, no puede quedar a medias porque a una sala le duela el relato del 1-O. El Estado de derecho no es solo castigar; también es saber cuándo el legislador —y el intérprete constitucional— cierra un conflicto político que los tribunales no pueden eternizar por su cuenta.

Queda lo pendiente, y hay que decirlo sin maquillaje. Puigdemont, Comín y Puig no salen del mismo auto. Llarena levantó ayer de forma definitiva —pero recurrible— las órdenes que les impedían volver sin riesgo de detención. La amnistía plena de ese trío llegará cuando se resuelvan recursos y el tribunal sentenciador complete el trámite. Quien diga hoy que «ya está todo amnistiado» miente o no ha leído la letra pequeña.

El resto es memoria útil. Causa de casi una década. Prisión preventiva. Juicio en directo. Condenas de hasta 13 años. Derogación de la sedición. Indultos. Amnistía. Resistencia del Supremo hasta que el Constitucional le corta el paso. Cada escalón fue pelea política disfrazada de técnica jurídica.

¿Cambia el 29-N? Cambia el tablero simbólico. La derecha seguirá gritando «impunidad»; una parte del independentismo hablará de victoria a medias. En el medio queda un hecho seco: cuatro exconsellers dejan de estar legalmente amordazados por una inhabilitación que el TC ya había mandado levantar. La democracia no se rompe cuando se aplica una amnistía controvertida. Se rompe cuando un tribunal se convierte en cámara de segunda lectura eterna de las leyes que no le gustan.

Para el lector de metro: esto no devuelve el dinero de un referéndum ilegal ni reescribe 2017. Devuelve derechos políticos que la propia arquitectura constitucional, vía TC, ha dicho que caben en la ley de amnistía. Si la pelea ahora es electoral, que lo sea en las urnas. No en el limbo de una inhabilitación mantenida a base de resistencias.