Mientras Moncloa habla de vivienda y el Constitucional de amnistía, el Tribunal Supremo ha puesto un despertador al otro gran fantasma del 29-N: el censo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dado a las partes un plazo «improrrogable» de 48 horas —en la práctica, hasta las 15:00 del jueves— para alegar antes de resolver la pelea de la llamada ley de nietos.
No es un trámite de archivo. Es la vía rápida judicial que se abre cuando alguien convoca elecciones y de repente el calendario electoral choca con un litigio que ya estaba vivo. El alto tribunal quiere oír a todos… y decidir sin dilaciones de despacho.
De dónde sale el conflicto
En septiembre, el Supremo suspendió de forma cautelar las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) ligadas a la disposición de la Ley de Memoria Democrática conocida como ley de nietos. También paralizó el voto de esos nacionalizados, salvo quienes acrediten exilio familiar. El argumento oficial del auto cautelar era la «transparencia» de las elecciones ante el crecimiento del censo y la idea de que los intereses generales del Estado pesan más, en esa fase, que el derecho al voto recién adquirido.
La Abogacía del Estado recurrió en nombre del Gobierno. Su tesis es frontal: «no existe ningún riesgo derivado del crecimiento del CERA» y el impacto electoral no se sostiene «por pura matemática». En el otro lado del ring, Iustitia Europa y Vox han metido nuevos escritos nada más conocerse el adelanto al 29 de noviembre. Piden garantías de que la norma no contamine los comicios y recuerdan que el censo vigente es el cerrado un mes antes de la suspensión cautelar, un corte que, según ellos, «no admite interpretación».
Qué pide ahora el Supremo
Las dos providencias no resuelven el fondo. Ordenan alegar. Y amplían el foco: las partes deben pronunciarse también sobre el emplazamiento de quienes obtuvieron la nacionalidad de origen por esa vía y aún no figuran en el CERA, y de quienes ya están inscritos. Después, la Sala resolverá de forma conjunta.
El detalle del reloj importa. ABC sitúa el corte a las tres de la tarde del jueves. Europa Press y THE OBJECTIVE coinciden en el plazo de 48 horas y en el vínculo con la «circunstancia sobrevenida» de las generales. Traducción: el tribunal no quiere que el 29-N llegue con un limbo de cientos o miles de posibles electores en el exterior y una pelea política sin respuesta judicial.
Por qué la derecha aprieta aquí
Porque el censo no es un Excel inocente. Es la lista de quien vota y dónde. En un ciclo de escaños ajustados, cualquier duda sobre nacionalizaciones exprés, residencia y CERA se convierte en munición de campaña. La derecha no necesita inventar un pucherazo para exigir certezas: basta con recordar que el Estado no puede improvisar el padrón electoral al calor de un adelanto.
El Gobierno responde con matemática y normalidad democrática. Dice que el volumen no mueve el resultado. Puede ser cierto en el agregado y, aun así, ser políticamente irresponsable si la ciudadanía percibe que se juega con las reglas a dos meses de las urnas. La confianza electoral no se repara con una rueda de prensa: se repara con un censo limpio, auditable y cerrado a tiempo.
El BOE ya fijó el 29-N. El censo de agosto es el marco de partida. Ahora el Supremo decide si la cautelar de septiembre se mantiene, se afina o se levanta, y con qué emplazamiento a los afectados. Quien quiera hablar de «democracia plena» el 29 de noviembre debería empezar por aquí: por saber, sin trucos de narrativa, quién está en la lista y por qué.