El juez llama a declarar a la cúpula de SEPI

Una citación judicial ha colocado a una empresa pública en el centro del debate político. Europa Press informó el 29 de junio de que el juez Santiago Pedraz ha citado como investigada —imputada, en lenguaje corriente— a la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, junto a otras 24 personas, en una pieza que examina presuntos amaños vinculada al caso Leire Díez.

Conviene decirlo cuanto antes: estar investigado no es estar condenado. La presunción de inocencia no es un tecnicismo que se invoque solo cuando conviene, sino una garantía que ampara a Gualda igual que a cualquier ciudadano. Una citación abre una investigación; no cierra un juicio. Insistir en ello no es una concesión retórica; es el punto de partida de cualquier análisis serio. Nada de lo que sigue debe leerse como una sentencia anticipada.

El Gobierno cierra filas

Dicho esto, la política tiene sus propios tiempos, que no coinciden con los del Código Penal. La reacción del Ejecutivo fue inmediata y en una sola dirección: según Europa Press, el Gobierno respaldó a la presidenta de SEPI y defendió la limpieza de las ayudas concedidas a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).

El respaldo, en sí mismo, es legítimo: un Gobierno puede confiar en sus altos cargos. El problema tiene que ver con algo tan poco vistoso como la higiene institucional. ¿Es razonable que quien dirige una sociedad que gestiona participaciones públicas y ha repartido ayudas millonarias permanezca en el cargo mientras un juez investiga presuntos amaños en ese mismo terreno?

El PP convierte la pregunta en exigencia

La oposición no ha tardado en responder. El Partido Popular publicó el 30 de junio una nota en la que Carmen Fúnez reclamó la dimisión de la presidenta de SEPI tras su imputación y pidió al ministro de Hacienda que lo anunciara ese mismo día en el Senado. La idea de fondo es sencilla: que la responsabilidad política no espere a la judicial.

En la misma jornada, otra nota del partido recogió la posición de Juan Bravo, que pidió igualmente la dimisión de Belén Gualda y enmarcó el caso en un terreno más amplio: la gestión de lo público, los Presupuestos y la confianza institucional. Bravo se preguntaba, además, qué tendría que tapar el Gobierno para no destituirla.

Conviene, eso sí, ser escrupulosos con la atribución. Las lecturas más gruesas que circulan en el entorno de la oposición —las que dibujan tramas o patrones de corrupción— son interpretaciones del PP, no hechos acreditados. Ejercicio legítimo de control político, sí; verdad judicial, todavía no.

Responsabilidad política y presunción de inocencia no se excluyen

Aquí está el nudo. Una cosa es la responsabilidad penal: es individual, exige prueba y la determina un juez tras un proceso con todas las garantías. Otra muy distinta es la responsabilidad política, que se mide por criterios de oportunidad, ejemplaridad y confianza, y no necesita esperar a una condena para activarse.

Sostener que Belén Gualda es inocente mientras no se demuestre lo contrario y, a la vez, plantear que quizá no sea la persona idónea para seguir al frente de SEPI mientras dura la investigación no es ninguna contradicción: es distinguir planos. Es lo que cualquier gestor privado serio haría con un directivo en su situación.

Qué es SEPI y por qué importa

No hablamos de un organismo menor. SEPI es una sociedad estatal de participaciones industriales dependiente del sector público, con peso real en la economía y responsabilidad sobre dinero de todos. Precisamente por eso la vara de medir debería ser más alta. Cuando una institución gestiona recursos públicos y, encima, reparte ayudas a empresas estratégicas, la apariencia de imparcialidad forma parte del servicio.

El Gobierno tiene ante sí una decisión que es, antes que judicial, de criterio. Puede mantener su respaldo y esperar a que la justicia siga su curso, amparándose en la presunción de inocencia. O puede entender que la confianza institucional se administra con prudencia y que, a veces, un paso al lado temporal protege tanto a la persona como a la institución. Lo que no parece sostenible es despachar el asunto como simple ruido de la oposición.

De momento, las posiciones están fijadas: el Ejecutivo cierra filas, el PP pide la dimisión y la causa sigue su curso. Lo que de verdad ocurrió con esas ayudas lo dirá la investigación, no los titulares. Pero la pregunta política ya está sobre la mesa: ¿quién vela por la higiene de lo público cuando quien debería dar ejemplo aparece citada por un juez?

Fuentes y contexto