El Congreso le ha dado al Gobierno el primer portazo serio en la ruta de los Presupuestos de 2027. La senda de déficit salió rechazada con 178 votos en contra, 167 a favor y 5 abstenciones, según recogen RTVE y La Vanguardia. El bloque del no juntó a PP, Vox, Junts y UPN; Podemos se abstuvo. Traducido a lenguaje de calle: el Ejecutivo todavía puede seguir jugando la partida, pero ha perdido la primera mano y todos han visto sus cartas.
La votación no tumba por sí sola unos Presupuestos que ni siquiera están presentados. Sí enseña algo más incómodo: la mayoría de investidura vuelve a no estar donde Moncloa la necesita. Junts ha repetido el rechazo del año pasado, Podemos ha marcado distancia y el PP ha convertido la votación en una moción política contra Sánchez. No es una sorpresa, pero sí una señal. Cuando un Gobierno necesita negociar hasta el oxígeno parlamentario, cada número deja de ser técnico y se vuelve poder puro.
La cifra que nadie quiere explicar en una sobremesa
El Gobierno defendía una senda con un déficit público del 1,8% del PIB para 2027, del 1,6% para 2028 y del 1,5% para 2029. Para las comunidades autónomas planteaba un margen del 0,1%, que Hacienda traduce en unos 5.849 millones de euros de capacidad fiscal. El Ministerio vendió además recursos autonómicos récord para 2027 y una subida de más del 8% en el sistema de financiación, según su propia nota del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
La oposición leyó lo contrario. El PP sostiene que ese margen es insuficiente y que la regla de gasto impediría aprovecharlo como promete el Gobierno. Vox habló de rechazo frontal. Junts fue todavía más directo: considera la propuesta una estafa para Cataluña y avisó de que no habrá sus siete votos si Hacienda repite la misma fórmula. Ahí está el problema: el Gobierno presenta la senda como la llave para más recursos; sus adversarios la presentan como una trampa o como propaganda.
El Gobierno aún puede seguir, pero más solo
La próxima parada está marcada para el 23 de julio. La senda puede volver al Congreso tras pasar otra vez por el Consejo de Ministros. Si cae de nuevo, el Ejecutivo no queda legalmente bloqueado: podría usar los objetivos comprometidos con Bruselas y llevar el proyecto presupuestario a la Cámara a partir de septiembre. Pero una cosa es poder registrar papeles y otra tener votos para sacarlos adelante.
La lectura política es bastante menos amable para Moncloa. Unos Presupuestos son la prueba de vida de una legislatura. No solo porque reparten dinero, sino porque obligan a demostrar que el Gobierno manda algo más que titulares. Si Junts no se mueve, si Podemos no encuentra razones para volver al sí y si el PP mantiene a sus comunidades en modo resistencia, Sánchez puede tener calendario, pero no mayoría.
La derecha ya trabaja el marco del fin de ciclo: Gobierno agotado, gasto descontrolado y elecciones cuanto antes. La izquierda gubernamental intentará responder que el no de PP, Vox y Junts también golpea a servicios autonómicos, sanidad, educación o dependencia. Las dos lecturas tienen intención política. Lo factual, por ahora, es más sencillo: la senda fue rechazada, habrá una segunda votación y los Presupuestos de 2027 nacen cuesta arriba.
El riesgo es que todo se convierta en teatro de precampaña. Si el Gobierno usa los Presupuestos como cronómetro electoral, la oposición como ariete permanente y los socios como subasta territorial, el ciudadano acaba viendo lo de siempre: mucho cálculo y poca explicación de qué cambia en su hospital, en su colegio o en su alquiler. La política presupuestaria no es sexy, pero decide cosas muy concretas. Y esta semana el Congreso ha recordado que sin mayoría estable, hasta una décima de déficit puede convertirse en una crisis de legislatura.