El Senado del PP manda al Congreso el rechazo a nado: la valla ya no basta

Mientras Madrid discute si hay o no generales, en el Senado el PP ha hecho algo más prosaico y más duro: cambiar el manual de la frontera. La Cámara Alta, con mayoría absoluta popular, ha aprobado la toma en consideración de una reforma de la Ley de Extranjería para que el rechazo “en caliente” en Ceuta y Melilla no dependa de si hay valla o hay olas.

La Vanguardia y Europa Press lo cuentan sin adorno. Hoy la disposición adicional décima permite rechazar a quien es detectado “mientras intenta superar los elementos de contención fronterizos”. El Tribunal Supremo, en la sentencia 814/2026 del 29 de junio, leyó la norma al pie de la letra: sin contención física superada, el atajo legal se estrecha. Traducción política que el PP clava en el hemiciclo: “sin valla no hay regla y el mar no es una valla”.

La proposición reescribe el texto para hablar de extranjeros “detectados o interceptados en la línea fronteriza terrestre o marítima” de Ceuta o Melilla. Alicia García, portavoz popular, lo defendió como “mecanismo rápido, seguro y con garantías” y como mensaje de “fortaleza y seguridad jurídica”. El objetivo declarado: que no se repita una avalancha como la de los 30 y 31 de julio, cuando la entrada masiva se produjo en buena medida por el agua.

La votación no fue un paseo unánime del bloque de la oposición. La iniciativa superó el primer trámite con 145 votos a favor de 253 emitidos, según La Vanguardia. El PSOE se opuso: la senadora Inmaculada Sánchez Roca sostiene que la ley actual es “suficiente” y “eficaz” y recuerda el aval del Constitucional a la redacción vigente. Junts también votó en contra; su senador Joan Bagué echó en falta medidas sobre menores no acompañados, financiación de territorios de acogida y más transparencia, y rechazó lo que llamó posturas “populistas”. Vox, en cambio, apretó hacia devoluciones inmediatas y acusó al Gobierno de alimentar el “efecto llamada”.

El PP no esconde el vínculo con Ceuta. Dos meses después del estallido, el Gobierno cifra en 8.676 las personas retornadas a Marruecos desde el 10 de agosto (8.223 tras expedientes de devolución y 453 expulsiones), según Ángel Víctor Torres en RTVE. Habla de más de 200 retornos diarios de media y confía en normalizar las playas antes del 15 de octubre. A la vez, El Correo documenta el otro problema de Estado: el baile de cifras entre Interior, Política Territorial y el gobierno ceutí —entradas que oscilaron entre decenas de miles según la fuente, permanencias y menores con recuentos que no cuadran—.

Ese desajuste no es pedantería de Excel. Es la prueba de que una frontera sin regla clara se gestiona a golpe de comparecencia. El PP responde con ley; el PSOE responde que la ley ya estaba y que el problema no se resuelve solo con un adjetivo (“marítima”) en el BOE. Ambas cosas pueden ser verdad a la vez: hace falta capacidad operativa y un marco que no invite a buscar el hueco donde la norma calla.

Ahora el texto viaja al Congreso, donde la aritmética es otra y el Gobierno puede frenarlo. Ahí se medirá si el discurso de Sánchez sobre la sentencia del Supremo como factor de la crisis se traduce en votos o se queda en explicación de hemiciclo. Para Ceuta y Melilla, el debate no es abstracto: o el Estado dice con claridad qué se puede rechazar en la orilla, o cada nueva oleada volverá a discutirse cuando el agua ya ha mojado la ciudad.