Tres palabras y el tablero se enciende: «No lo descarto». Preguntado en elDiario.es por un posible indulto al exfiscal general Álvaro García Ortiz antes de las elecciones del 29 de noviembre, Pedro Sánchez no cerró la puerta. La abrió. En plena precampaña, eso no es una nota a pie de página jurídica: es un mensaje político de alto voltaje.
Los hechos duros son tozudos. El Tribunal Supremo condenó a García Ortiz por revelación de secretos relacionados con información confidencial de Alberto González Amador, entonces pareja de Isabel Díaz Ayuso, e lo inhabilitó dos años para el cargo de fiscal general. Fue, según el relato consolidado en medios, el primer fiscal general condenado e inhabilitado en democracia por este tipo de conducta. No es un «error de forma». Es una sentencia.
Sánchez enmarca la decisión en el paquete de asuntos pendientes tras el adelanto electoral: el Gobierno, dice, estudia la factibilidad de aprobar medidas «bien en Diputación Permanente o bien» como poder ejecutivo. Traducción: con las Cortes disueltas, Moncloa busca recovecos de agenda. Y el indulto aparece en esa lista de urgencias.
Félix Bolaños, titular de Justicia, ha sido más explícito en la mecánica. El expediente «ya está en la mesa» del ministerio. «No lo descartamos», ha dicho; habrá que ver si procede «en estos días» o más adelante. COPE añade un matiz decisivo: con el criterio desfavorable del tribunal sentenciador, la vía realista sería un indulto parcial, no total. Quien hable de borrón y cuenta nueva absoluto está vendiendo humo.
Desde el PP, Miguel Tellado no se ha andado con metafísica. En redes y en declaraciones recogidas por The Objective y COPE, el secretario general popular sostiene que Sánchez «sabe que va a perder», quiere «pagar rápido los favores pendientes» y teme que un García Ortiz «dócil» pueda «flaquear» y «cantar». Esa es la tesis del PP: hay que tomarla como ataque político, no como prueba judicial. Pero el clima que describe —gracia de Estado en vísperas de urnas— es exactamente el que la derecha quiere clavar en la campaña.
Porque el problema de fondo no es solo si García Ortiz recupera o no un pedazo de su carrera. Es el mensaje institucional. Un Gobierno en funciones baraja corregir, por la vía de la gracia, la condena del Supremo al exjefe del Ministerio Fiscal. Aunque el indulto sea una herramienta constitucional legítima, el timing lo convierte en gasolina: ¿justicia restaurativa… o contabilidad de lealtades antes del 29-N?
La derecha lo lee sin anestesia. Si el Ejecutivo apura un perdón parcial en las semanas previas a la campaña, reforzará la narrativa de que el poder usa el BOE como salvoconducto para los suyos. Si lo aparca «para más adelante», también hablará: quedará como amenaza en la nevera, un recordatorio de que la medida de gracia sigue viva. En ambos casos, el reloj electoral ya ha contaminado el expediente.
De momento no hay indulto publicado. Hay una frase presidencial, un ministro que confirma papeles sobre la mesa y una oposición que huele sangre. Eso basta para que la pieza deje de ser un debate de penalistas y pase a ser un test de credibilidad del Estado de derecho en campaña. El Supremo habló con sentencia. Ahora Moncloa decide si responde con gracia… o con prudencia.