La universidad también expulsa por el alquiler: 45 millones para abrir 2.000 plazas

Hay una forma muy limpia de expulsar a alguien de la universidad: no decirle que no puede estudiar, sino ponerle un alquiler imposible delante. El Gobierno ha puesto este lunes sobre la mesa 45 millones de euros para impulsar siete proyectos de residencias universitarias públicas, con cerca de 2.000 nuevas plazas en una primera fase. No es una solución mágica. Pero sí es reconocer, por fin sin rodeos, que la vivienda también decide quién puede acceder a una carrera y quién tiene que quedarse mirando el mapa.

Pedro Sánchez anunció la inversión durante la firma de la declaración sobre el proyecto de Estatuto del Estudiantado Universitario. Según avanzó, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el texto este martes. La norma pretende reconocer nuevos derechos, reforzar la participación y la representación estudiantil, favorecer la movilidad, incorporar apoyo psicológico y proteger la conciliación, los datos personales y la desconexión digital.

El código postal pesa más que la vocación

La cifra importante no es solo 45 millones. Son las 2.000 plazas. En un país donde miles de jóvenes tienen que marcharse de su municipio para estudiar, cada habitación pública puede marcar la diferencia entre matricularse o renunciar. También puede marcarla entre vivir con cierta estabilidad o encadenar pisos compartidos, trayectos interminables y trabajos precarios para pagar una habitación.

La universidad española lleva años hablando de igualdad de oportunidades como si bastara con aprobar una beca. No basta. Una matrícula puede estar cubierta y, aun así, la carrera ser inasumible porque la ciudad universitaria se ha convertido en un mercado de alquiler para quien llegue con dinero. El estudiante de una familia con recursos elige campus. El resto calcula kilómetros, trenes y nóminas. La movilidad académica, sin vivienda, es una promesa con letra pequeña.

Por eso el anuncio acierta al colocar las residencias públicas dentro de la política universitaria y no como un asunto decorativo de infraestructuras. El problema es material: dónde duerme quien estudia, cuánto paga y cuánto tiempo pierde para llegar a clase. También es territorial: si solo se puede estudiar en determinadas ciudades y solo puede quedarse quien puede pagar, la universidad deja de ser ascensor social y se convierte en filtro de renta.

Un anuncio no es todavía una habitación

Ahora viene la parte menos fotogénica. Las fuentes oficiales y la información publicada este lunes hablan de siete proyectos y de cerca de 2.000 plazas, pero todavía no detallan de forma completa las localizaciones, el calendario de ejecución ni el precio final para los estudiantes. Y sin esos datos es imposible saber cuánto cambia realmente la vida de las familias.

Una residencia pública puede ser una herramienta potente si ofrece precios asumibles, criterios transparentes y plazas suficientes para quienes las necesitan. También puede quedarse en una inauguración futura si el suelo, las obras y la gestión se eternizan o si la tarifa final se parece demasiado a la del mercado privado. La palabra “pública” no debería funcionar como un talismán: hay que mirar la factura mensual.

La misma prudencia vale para el Estatuto del Estudiantado. Reconocer el derecho a la desconexión digital, al apoyo psicológico o a participar en la vida universitaria importa. Pero un derecho que no viene acompañado de recursos, servicios y mecanismos para exigirlo corre el riesgo de convertirse en otro PDF solemne. Los estudiantes no necesitan más lenguaje institucional: necesitan saber qué podrán reclamar y ante quién.

La medida pequeña que señala el problema grande

El Gobierno puede presentar las 2.000 plazas como una respuesta de futuro. La oposición puede llamarlo propaganda electoral. Las dos cosas pueden convivir: es una decisión concreta y llega en plena carrera hacia el 29-N. La pregunta seria no es si hay campaña, sino si la medida se ejecutará y si el acceso quedará reservado a quien ya puede pagar.

La vivienda estudiantil no arregla por sí sola el alquiler, la precariedad ni el desequilibrio entre universidades. Pero sí toca una de las bisagras del problema. Quien no puede vivir cerca del campus no disfruta de la misma libertad para elegir su futuro. Si la política quiere hablar de igualdad, que empiece por una cuenta sencilla: cuánto cuesta estudiar cuando también hay que pagar una cama.