Registro horario en septiembre: controlar abusos no debería significar ahogar a las pymes

El registro horario vuelve en septiembre. O eso dice ahora el Gobierno después de meses de tira y afloja entre Trabajo y Economía, con sindicatos marcando el 31 de julio como fecha límite y empresas mirando el asunto con la mezcla habitual de recelo, coste y pereza administrativa. RTVE informó de que los ministerios de Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo han cerrado un acuerdo para tramitar la reforma a la vuelta del verano, tras resolver las objeciones planteadas por el Consejo de Estado.

La idea de fondo es sencilla: si la ley obliga a registrar la jornada desde 2019, el registro no puede seguir funcionando en demasiados sitios como una libreta, un Excel maleable o un papel que aparece cuando aparece la inspección. Trabajo y los sindicatos defienden un sistema digital capaz de detectar horas extra no pagadas. Los cálculos citados por RTVE hablan de unos 2,5 millones de horas sin remunerar cada semana, una cifra políticamente explosiva si se confirma en la práctica diaria.

La derecha liberal tiene aquí una lectura incómoda pero necesaria: combatir el fraude laboral es legítimo; convertir cada empresa en una sucursal administrativa permanente, no. El problema de España no es solo que haya empresarios que estiren la jornada como un chicle. También es que cada reforma laboral acaba llegando con formularios, incertidumbre técnica y costes de adaptación que golpean mucho más a la pyme que al gran grupo con departamento jurídico y software a medida.

Cuerpo ha defendido que el nuevo control debe hacerse “de la mano y ayudando a las empresas”. Esa frase, si se toma en serio, es la diferencia entre una reforma útil y otra montaña de obligaciones que después nadie entiende. Digitalizar el registro puede servir para proteger al trabajador y para dar seguridad a quien cumple. Pero si el diseño final castiga igual al tramposo que al bar pequeño que no sabe qué plataforma instalar, el resultado será el de siempre: más papeles para los cumplidores y más ingeniería para los que ya sabían esquivar la norma.

Los sindicatos llegan al verano con una frustración evidente. La reducción de jornada a 37,5 horas semanales parece sin mayoría suficiente en el Congreso, y por eso el registro horario se ha convertido en la línea defensiva. Si no se puede recortar legalmente la jornada, al menos que se pague lo que se trabaja. La lógica es potente. Pero también obliga a una pregunta que la izquierda suele esquivar: ¿quién paga la transición tecnológica, cómo se protege la flexibilidad real y qué margen tendrán sectores donde la jornada no cabe bien en una cuadrícula?

El Consejo de Estado emitió un dictamen desfavorable al texto tal como lo planteó Trabajo, según RTVE. Eso no tumba la idea, pero sí avisa de que el Gobierno no puede legislar a golpe de eslogan. Una cosa es cerrar el paso a las horas extra fantasma y otra diseñar una norma que sobreviva jurídicamente, sea aplicable por la Inspección y no genere un caos de interpretaciones. En política laboral, las buenas intenciones no fichan solas.

El aplazamiento a septiembre deja una foto de legislatura muy reconocible: Sumar empuja, Economía frena o matiza, los sindicatos aprietan y el Gobierno compra tiempo. La medida puede acabar siendo una herramienta razonable para limpiar abusos. También puede convertirse en otro símbolo de un Ejecutivo que promete modernizar el trabajo mientras negocia al límite y llega tarde a sus propios plazos.

Lo importante ahora no es el cartel ideológico, sino la letra pequeña. Registro digital, sí, si reduce fraude y da seguridad. Inspección eficaz, sí, si persigue abusos reales. Pero menos liturgia regulatoria y más simplicidad. Porque España no necesita elegir entre trabajadores sin horas pagadas y empresas enterradas en burocracia. Necesita una norma que funcione en una fábrica, en una asesoría, en una tienda y en una obra. Y eso, como casi todo lo serio, se comprobará cuando el BOE deje paso al mostrador.