El PSOE ha pedido a Alberto Núñez Feijóo el cese inmediato de Vicent Mompó, presidente de la Diputación de València y líder provincial del PP, después de que llamara a Diana Morant “lameculos de Sánchez” y dijera que “no vale para nada”. No es una frase desafortunada en mitad de un debate caliente. Es la decisión de bajar una discusión política al sótano del insulto personal.
La pelea venía de la DANA. Morant había señalado que la Diputación avisó a sus trabajadores y suspendió actividades, mientras reprochaba a Mompó que, estando en el Cecopi, no trasladara ese aviso al conjunto de la ciudadanía. Según la información publicada, Recursos Humanos confirmó al juzgado que la lista de difusión incluía a diputados, asesores, presidente y vicepresidenta.
Cuando no hay respuesta, aparece el insulto
Mompó respondió atacando a Morant por su cercanía política a Pedro Sánchez y remató con una expresión degradante. Morant lo calificó de machismo y dijo que no lo vive como un hecho aislado. Pilar Bernabé, secretaria de Igualdad del PSOE, acusó al PP de callar durante 24 horas y exigió a Feijóo que actúe.
Desde la izquierda, el caso no va solo de una bronca valenciana. Va de si una dirigente puede discutir gestión pública sin recibir un castigo verbal con carga sexista. Va de si la derecha institucional tolera que uno de los suyos use el cargo como altavoz para humillar a una adversaria.
La responsabilidad no se delega en el ruido
El PSOE incluso se abre a explorar una moción de censura en la Diputación, según El Periódico. Esa vía ya pertenece al terreno de la aritmética local. Lo urgente, sin embargo, es más básico: marcar que el insulto no es una forma de fiscalización.
Feijóo no puede exigir centralidad por la mañana y permitir este barro por la tarde. Si el PP cree que Mompó tiene una defensa política sobre la DANA, que la formule con documentos, fechas y decisiones. Si la defensa es reducir a Morant a una descalificación, entonces el problema no es solo Mompó. Es la impunidad del tono.
La diferencia importa. Una acusación sobre la gestión de una emergencia debe poder ser incómoda, incluso injusta, y aun así entrar en el terreno de la rendición de cuentas. Para eso existen expedientes judiciales, comparecencias, documentos internos y explicaciones públicas. Lo que no puede hacer una institución es responder como si la autoridad fuera licencia para degradar.
El silencio también comunica. Si el PP tarda en marcar distancia, el mensaje que recibe la ciudadanía es que el insulto solo molesta cuando lo pronuncia el adversario. Y eso deja la política en manos de una doble vara de medir permanente: indignación cuando conviene, indulgencia cuando el barro viene de casa.