La emergencia de los incendios entra en la nómina. Trabajo prepara un real decreto ley para que el Estado asuma salarios y cotizaciones de trabajadores afectados por los grandes fuegos de estos días. La medida, avanzada por RTVE y laSexta, busca cubrir situaciones que hasta ahora quedaban en tierra de nadie: personas desalojadas, carreteras cortadas, viviendas inutilizadas o empleados que no pueden acudir a su puesto por una emergencia que no han provocado.
La traducción práctica es clara: si el fuego te saca de casa o te impide trabajar, la factura no debería caer automáticamente sobre tu bolsillo ni sobre una empresa que tampoco puede abrir con normalidad. Según RTVE, el paquete prevé que las empresas no tengan que asumir esos pagos y que los trabajadores mantengan protección y cotizaciones. laSexta concreta que la prestación cubriría el 100% de sueldos y cotizaciones en los casos afectados por incendios de emergencia extrema.
El Gobierno quiere aprobarlo este martes en Consejo de Ministros. Trabajo lo presenta como una respuesta “sin precedentes” dentro de un paquete más amplio: aumentar en dos días el permiso por fallecimiento de un familiar a consecuencia de los incendios y reconocer el derecho a ausentarse cuando una persona no pueda acceder a su vivienda habitual por un desalojo o por restricciones en zonas afectadas.
La medida llega después de días con incendios en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón y con miles de hectáreas quemadas. Moncloa ya había anunciado la declaración de zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil en los territorios golpeados por el fuego. Ahora Trabajo intenta llevar esa lógica al plano laboral: no basta con hablar de daños materiales si la vida cotidiana queda suspendida y la gente no sabe si al día siguiente podrá fichar, cobrar o cuidar de su familia.
El choque dentro del propio Gobierno también importa. Según laSexta, Sumar quería que la prestación se convirtiera en una herramienta estructural, no solo en una respuesta coyuntural para los fuegos actuales, pero el ala socialista habría puesto límites. Ahí aparece la discusión de fondo: si el cambio climático multiplica emergencias, ¿las protecciones laborales deben seguir funcionando como parches de verano o como derechos preparados de antemano?
Hay que ser prudentes con el alcance final. El decreto aún debe aprobarse y su letra pequeña marcará quién entra, durante cuánto tiempo, con qué documentación y bajo qué nivel de emergencia. También habrá que ver cómo se coordina con los permisos climáticos ya incluidos en el Estatuto de los Trabajadores, que contemplan hasta cuatro días retribuidos cuando no se puede acudir al puesto por causas climáticas adversas.
Pero políticamente la señal es potente. Durante años, cada desastre natural abría el mismo ritual: visita institucional, promesa de ayudas y una maraña de trámites. Esta vez se añade una pregunta más humana: qué pasa con la nómina de quien está evacuado, con la cotización de quien no puede abrir el negocio, con el trabajador que no está de vacaciones sino esperando a que le digan si su casa sigue en pie. Si el Estado pide calma en mitad del humo, también tiene que garantizar que la supervivencia no dependa de perder salario.