El PP vasco ha decidido que la precampaña del 29-N en Euskadi se juegue también en la frontera invisible entre seguridad, migración y expulsiones. En unas jornadas sobre multirreincidencia en Bilbao, la presidenta del PP de Bizkaia, Amaya Fernández, ha pedido abrir el primer Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en suelo vasco. El mensaje es de campaña dura: agilizar devoluciones y dejar de dibujar Euskadi como territorio “permisivo”.
La propuesta, recogida por El Correo y Noticias de Álava, apunta a Bizkaia y se enmarca en un relato de delincuencia al alza y de instituciones —PNV y PSE, según los populares— incapaces de frenarla. Fernández habla de quienes llegan «en lugar de a trabajar y a sumar» con intención de «delinquir» y reclama un CIE para acelerar expedientes de expulsión. No hay todavía ubicación cerrada, presupuesto ni calendario: es bandera política antes que pliego técnico.
Conviene bajar el eslogan a hechos. Los CIE dependen del Ministerio del Interior. No son prisiones en sentido estricto: son centros de internamiento cautelar, con autorización judicial, para personas extranjeras con orden de expulsión o devolución. El tope general es de 60 días; si la expulsión no se ejecuta, la persona sale. Hoy hay una red limitada de centros en España (alrededor de siete, en puntos de presión migratoria como Algeciras o Canarias). Euskadi no tiene uno propio. El PP quiere que eso cambie si Feijóo llega a Moncloa.
El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha apuntalado la línea: endurecer la respuesta a la multirreincidencia y devolver a su país a quienes “viven de esto” y “ni siquiera son de este país”. En el mismo acto ha cargado contra el PNV, al que sitúa como «cómplice» del PSOE y lo mete en un bloque de “involución democrática” junto a socialistas y EH Bildu. Es el guion de pelear el voto conservador jeltzale con seguridad y migración, no solo con fiscalidad.
La contundencia verbal no ahorra matices legales. Un CIE no “resuelve” la delincuencia por sí solo: internar exige expediente, juez y capacidad real de repatriar. Las condiciones de estos centros han sido objeto de crítica habitual por derechos y trato. El PP no entra en ese debate: vende disuasión y expulsión rápida. La izquierda y el nacionalismo vasco lo leen como estigmatización y precampaña de mano dura importada del manual estatal.
Para la mesa de la derecha el titular es claro: sin herramienta de internamiento, la expulsión se diluye. Para el resto del tablero vasco, la pregunta es otra: si la respuesta a la multirreincidencia pasa por un CIE o por policía, justicia ordinaria y políticas sociales. El 29-N convertirá esa pelea en papeleta. De momento, el PP ya ha clavado la bandera en Bilbao.