El PP ya no habla solo de “renovar” el Tribunal Constitucional. Habla de regenerarlo. La diferencia no es semántica: es el marco con el que Alberto Núñez Feijóo quiere vender Moncloa. Este lunes, fuentes del partido confirman a Europa Press que, si llega al Gobierno, recuperará el compromiso del Plan de Calidad y Regeneración Institucional presentado hace tres años en Cádiz: desvinculación política y ejemplaridad “incuestionable” de los magistrados del TC.
No es un globo de precampaña suelto. Feijóo lleva años cargando contra lo que llama un Constitucional “politizado” y “mediatizado”, con el Gobierno —según su relato— mandando y decidiendo. En junio del año pasado ya vaticinó en esRadio que un TC así iba a declarar constitucional la amnistía. Esta misma semana, el tribunal de garantías ha avalado amnistiar el delito de malversación ligado a dirigentes del procés, con efectos sobre el expresidente catalán Carles Puigdemont, y ha ordenado al Supremo la aplicación. El PP lo lee como confirmación de su tesis.
De Pumpido a Caamaño: la lista de agravios
Los populares repiten el mismo catálogo: el TC “corrige” al Supremo —citan el caso de los ERE y la amnistía—, y se cuelan perfiles con pedigrí político. Criticaron la llegada de Juan Carlos Campo (exministro de Justicia) y Laura Díez (ex alto cargo de Moncloa). Y hace días volvieron a la carga tras la propuesta del PSC de impulsar al exministro y catedrático Francisco Caamaño como magistrado de designación autonómica.
Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional, lo condensó en X: en el TC hace falta regeneración, “que es mucho más que renovación”. Y lo haremos, añadió. Feijóo, en agosto de 2025 ante Europa Press, fue más gráfico: no tiene sentido, dijo, que un ministro de Sánchez, una asesora de Bolaños y un ex fiscal general del Estado estén en el Constitucional. Si el PP gobierna, aseguró, eso “no será posible” por una autolimitación: exclusión de la actividad política reciente e independencia acreditada.
El reloj del Senado y las urnas
El propio Cándido Conde-Pumpido instó la semana pasada a cumplir el mandato constitucional y renovar los cuatro magistrados que dependen del Senado, con mandatos caducados desde hace casi un año. El 16 de noviembre de 2026 aparece como fecha límite para que el Parlamento de Cataluña registre candidaturas ante el Senado, con mayoría de tres quintos. La disolución de las Cortes por el adelanto electoral deja ese proceso en suspensión. En clave derecha, el mensaje es doble: el bloqueo no es solo aritmética; es el síntoma de un órgano que ha dejado de parecer independiente a una parte del país.
Gamarra coordina un Plan de Regeneración con más de 60 medidas en lo legislativo, ejecutivo y judicial. El documento de Cádiz de 2023 ya pedía un TC de prestigio, transparente y que dicte en plazo. La excelencia profesional y la desvinculación política, decía, deben ser incuestionables. Ahora ese papel vuelve al escaparate electoral.
Regeneración o conquista del tablero
Desde el marco liberal-conservador, la pregunta no es si el Constitucional “molesta” al PP. Es si un órgano de garantías puede vivir de la foto política y del choque con el Supremo sin erosionar la confianza. Feijóo ofrece un relato simple de campaña: menos cuotas, más independencia, fin del “control” sanchista sobre la cúpula judicial. Habrá que ver la letra pequeña si gana: quién nombra, con qué mayorías y qué se entiende por “autolimitación”. De momento, el partido convierte el TC en bandera de regeneración… y en contrapeso narrativo frente a la amnistía y a un 29-N que se juega también en los despachos de la justicia constitucional.