El PP ha abierto una ofensiva en el Congreso para que el Gobierno explique el impacto de las regularizaciones de inmigrantes. Según The Objective, El Independiente y La Vanguardia, los populares reclaman comparecencias y quieren llevar el debate al terreno parlamentario. La señal política encaja con el tono que Alberto Núñez Feijóo viene marcando estos días, también en intervenciones recogidas por el propio PP.
La inmigración vuelve así al centro de la pelea, pero con una palabra que lo cambia todo: regularización. Para la derecha, es el flanco perfecto para acusar al Gobierno de improvisación, efecto llamada y falta de control. Para la izquierda, el riesgo es que el debate convierta a personas que ya viven y trabajan aquí en una masa sospechosa antes incluso de discutir papeles, condiciones laborales o derechos básicos.
Control sí; pánico, no
Una democracia puede y debe preguntar cuántas personas se verían afectadas, qué requisitos se exigirían, qué impacto tendría en servicios públicos y mercado laboral, y cómo se coordinaría con comunidades autónomas y ayuntamientos. Eso es control parlamentario, no xenofobia. El Gobierno, si pretende avanzar en una medida de ese calibre, tiene la obligación de explicarse con números, plazos y letra pequeña.
Pero también hay una línea roja: usar la petición de explicaciones como lanzadera para sembrar miedo. Cuando el debate se formula como una amenaza demográfica o como una invasión administrativa, la política deja de fiscalizar y empieza a señalar. Y en ese terreno siempre pierden los mismos: trabajadores sin papeles, familias que ya están aquí, barrios tensionados y servicios públicos que necesitan recursos, no titulares con megáfono.
Desde una mirada progresista, la pregunta central no debería ser solo cuánta gente entra en una estadística, sino cuánta gente está ya sosteniendo sectores enteros sin derechos completos. La economía española convive con empleo irregular, cuidados mal pagados, agricultura dependiente de mano de obra vulnerable y hogares donde la ley llega tarde o no llega. Regularizar no es abrir una puerta mágica; puede ser sacar a la luz lo que ya existe.
La trampa de discutir personas como si fueran bultos
El PP tiene derecho a exigir comparecencias. Incluso hace bien si fuerza al Ejecutivo a abandonar las frases redondas y bajar al detalle. Lo que no debería hacer ningún partido es convertir ese control en una competición de dureza donde cada migrante aparece como carga potencial y nunca como trabajador, vecino o contribuyente futuro. España necesita reglas, sí. Pero las reglas no se escriben mejor cuando se redactan con miedo.
El Gobierno tampoco puede esconderse detrás del lenguaje humanitario. Si hay regularización extraordinaria, tiene que explicar criterios, controles, calendario, coordinación administrativa y efectos previstos. La política migratoria no se resuelve con buenismo de nota de prensa. Tampoco con alarma de tertulia. Se resuelve diciendo la verdad completa: quién puede acogerse, quién no, qué cambia y qué garantías hay para todos.
La ofensiva parlamentaria puede ser útil si obliga a hablar claro. Será tóxica si acaba reducida al mismo intercambio de siempre: unos prometiendo mano dura para ganar titulares y otros respondiendo con superioridad moral para no enseñar los papeles. La inmigración merece algo mejor que eso. Merece datos, derechos, obligaciones y una discusión donde nadie tenga que pedir permiso para ser tratado como persona.