El domingo el PP no fue a Sol con tienda de campaña. Fue al comunicado de prensa con un número gordo.
Según la nota que recogen RTVE, 20minutos (EFE) y Demócrata, los populares presentaron un decálogo de reformas económicas para mejorar la renta disponible, facilitar el acceso a la vivienda y empujar la productividad. En el bloque estrella, la promesa-marco: crear las condiciones para construir un millón de viviendas en cuatro años.
No es un plan ya licitado ni un presupuesto aprobado en el Congreso. Es oposición en modo programa: diagnóstico duro y menú liberal-conservador frente al ciclo de decreto, acampada y pelea de coalición que marca la semana.
La tesis: sin oferta y sin reglas, no hay milagro
El PP califica la vivienda de «gran fracaso regulatorio» tras «ocho años de sanchismo» y dice querer un país de pequeños propietarios donde se pueda comprar o alquilar. El paquete que describe incluye:
- seguridad jurídica para propietarios e inquilinos;
- una ley antiokupación;
- trámites más rápidos, con apuesta por el silencio positivo;
- medidas fiscales para jóvenes: «hucha hogar», avales públicos de hasta el 95% o el 100% y rebajas de impuestos de hasta el 60%.
Demócrata añade un punto que choca de frente con la arquitectura del Gobierno: suprimir las zonas tensionadas. Y pone cifras del propio partido sobre el ahorro fiscal asociado al paquete joven —entre 21.000 y 26.000 euros—, que aquí se citan como reivindicación popular, no como dato auditado por Hacienda.
La lectura de derecha es simple y polémica a la vez: si el mercado se asfixia a base de controles, inseguridad y lentitud administrativa, la respuesta no es solo más papel. Es grúa, crédito y norma clara contra quien se salta la propiedad.
Inflación, IRPF y el relato de la decadencia
El decálogo no se queda en el ladrillo. El PP habla de sacar a España del «estancamiento y decadencia» que atribuye a políticas socialistas y a la falta de reformas. En la nota cita pérdidas de poder adquisitivo y cifra —siempre como argumento del partido— una subida de la cesta de la compra del 42% y un avance medio de precios por encima del 27% desde 2018, por encima de los salarios, con crítica explícita a la no actualización de la tarifa del IRPF.
Ahí está el choque de marcos con la calle de esta semana: mientras la acampada y el Sindicato de Inquilinas empujan contratos indefinidos y un decreto «Maricarmen», el PP responde con propiedad, avales y menos corsé regulatorio. Dos agendas sobre la misma herida social; no el mismo recetario.
Energía e industria del «hacer posible»
Fuera de vivienda, el paquete insiste en extender la vida útil de las nucleares (derogar el calendario de cierre), eliminar el impuesto de generación eléctrica y «desatascar» accesos a la red que, dice el PP, dejan proyectos y miles de viviendas sin conexión posible. Demócrata detalla también IVA 0 en básicos alimentarios, bajar el IVA de la energía del 21% al 10%, exenciones a autónomos con poca facturación y un plan de infraestructuras de cifras muy altas —del orden de los 300.000 millones en el relato del partido—, más un Plan Nacional del Agua.
Todo eso, de nuevo, es programa de oposición. No ley. Pero el timing no es casual: con el Gobierno trabajando «a contrarreloj» el decreto de vivienda para el martes, el PP intenta que el debate no se quede solo en la foto de Sol.
Lo que sí y lo que no
Sí: hay un decálogo público, con un millón de viviendas en cuatro años como objetivo de oferta, antiokupación, avales y un ataque frontal al relato regulatorio del sanchismo. No: no hay todavía ni financiación cerrada ni mayoría parlamentaria ni calendario de ejecución. Quien confunda el PowerPoint con la grúa miente. Quien ignore que sin oferta el alquiler se vuelve lotería también.