Las cuentas del PP dejan una fotografía menos épica que un mitin, pero bastante más útil para entender cómo funciona un partido con opciones reales de Gobierno: menos beneficio que el año anterior, más patrimonio, menos deuda bancaria y una maquinaria territorial que sigue comprando sedes. La política también se mide en pancartas, sí. Pero se sostiene con balances.
Según las cuentas anuales de 2025 publicadas por el propio Partido Popular y recogidas por elDiario.es a partir de Europa Press, la formación cerró el ejercicio con un beneficio neto acumulado de 9,6 millones de euros. Es un 52,8% menos que en 2024, un año inflado por mucha más actividad electoral: europeas, Galicia, País Vasco y Catalunya. En 2025 solo hubo elecciones en Extremadura, y eso se nota en la caja.
El dato admite dos lecturas. La amable para Génova: el partido no está en números rojos, reduce deuda y mantiene músculo financiero. La menos cómoda: el PP funciona con una dependencia enorme del calendario electoral y de la financiación pública ligada a su presencia institucional. Nada ilegal en eso; es la arquitectura española de financiación de partidos. Pero conviene recordarlo cuando la conversación pública se llena de discursos sobre austeridad como si los partidos vivieran del aire.
Las cifras son claras. El excedente pasó de 20,4 millones en 2024 a 9,65 millones en 2025. La tesorería subió de 31 a 35,3 millones. La deuda bancaria bajó de 19 a 12,9 millones, en buena parte tras amortizar financiación asociada a las europeas de 2024. Y el patrimonio neto creció de 81 a 90,7 millones. Dicho en castellano: menos beneficio anual, pero más colchón.
También hay dinero público ordinario. Las subvenciones para funcionamiento y las aportaciones de grupos institucionales pasaron de 43,58 a 45,85 millones. La financiación privada sumó 8,99 millones, sobre todo por aportaciones de cargos públicos —4,39 millones— y cuotas de afiliados —3,55 millones—. El PP afirma en sus cuentas que no recibió donaciones superiores a 25.000 euros durante el ejercicio.
La parte más terrenal está en la estructura. El partido declaró 299 empleados, dos menos que el año anterior, y 15,5 millones en gastos de personal. Además compró dos sedes en Andalucía: una en Almonte por 190.000 euros y otra en Ubrique por 97.500. También gastó más de 2,8 millones en renovar equipos informáticos, instalaciones y mobiliario en distintas sedes.
Desde la izquierda, la lectura es evidente: quien aspira a gobernar y exige apretarse el cinturón al Estado debe aceptar que sus propias cuentas se miren con lupa, sin victimismo. Desde la derecha, la defensa también existe: un partido solvente, con menos deuda y cuentas presentadas al Tribunal de Cuentas, no es una anomalía sino una organización preparada para competir. La frontera está en no convertir la transparencia en propaganda. Las cuentas están publicadas; ahora toca leerlas sin incienso.