Hay una forma muy española de hablar de “separación de poderes” mientras se deja un tribunal a medio gas: no hace falta un golpe de efecto. Basta con una Mesa, una prórroga y un calendario que siempre encuentra una fiesta, unas elecciones o “falta de tiempo” para negociar.
Eso es lo que cuenta, con fechas y actas, el último repaso de elDiario.es a la renovación del Tribunal Constitucional. Cuatro magistrados de la cuota del Senado llevan el mandato caducado desde diciembre de 2025: el presidente Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer, del bloque progresista, y los conservadores Ricardo Enríquez y José María Macías. Pumpido preside el órgano desde enero de 2023 y ha reclamado él mismo que el Senado active el relevo. El PP, que controla la Cámara Alta con Pedro Rollán al frente, ha usado esa mayoría para lo contrario: mantenerlos en el cargo al menos un año extra.
De la Virgen al “no hemos tenido tiempo”
El mecanismo no es misterioso. Los parlamentos autonómicos proponen nombres; el Senado filtra y vota. En teoría, con el PP mandando en la Cámara Alta, el reparto histórico es simple: dos y dos con el PSOE. En la práctica, el reloj se estira.
En junio, el Parlamento de Cantabria pidió más plazo alegando la fiesta de la Virgen de la Bien Aparecida del 15 de septiembre. La Mesa del Senado lo dio por bueno, con el rechazo del PSOE. Se fijó entonces una nueva fecha tope: el 30 de septiembre. A dos semanas de ese límite, el Parlamento de Andalucía —gobernado por PP y Vox, constituido el 11 de junio— volvió a pedir extensión. La presidenta de la asamblea, la popular Ana Mestre, alegó que la “actividad normal” de la legislatura no arrancó hasta septiembre y que los grupos no habían tenido tiempo de acordar candidaturas.
El Senado no se lo pensó mucho: en 24 horas, el 10 de septiembre, una Mesa extraordinaria amplió el plazo hasta el 30 de noviembre de 2026 a las 18:00. Rollán, según el acta recogida por el medio, dice percibir “voluntad y compromiso” en las cámaras autonómicas y confía en que antes de fin de año puedan empezar las comparecencias. Traducción política: da por hecho que los cuatro magistrados, Pumpido incluido, seguirán en el cargo entrando en 2027.
Quién ha hecho los deberes (casi nadie)
Hasta ahora, solo el Parlamento Vasco ha sido capaz de designar candidatos. Navarra tiene ya una terna —Yolanda Valdeolivas y Francisco José Bastida— pendiente de ratificación en pleno. El resto, aplazado. No es un atasco técnico casual: es un patrón.
El PSOE andaluz, por su parte, se queja de forma y fondo. El vicepresidente segundo de la Mesa, Fernando López Gil, sostiene que la presidenta presentó la prórroga como algo “ya hecho”, sin votación real, y que el portavoz Juan Espadas le pidió explicaciones. Dejó constancia escrita de que el Grupo Socialista no prestó conformidad. Fuentes de la Mesa responden que allí “no se votan” los acuerdos: se enuncian y, si nadie se opone, salen. En las actas de ese día, dice el reportaje, no consta discrepancia. Da igual el procedimiento de pasillo: el resultado es el mismo. Más meses con el tribunal de garantías en prórroga.
La matemática que explica el tapón
Los ocho magistrados que eligen las Cortes necesitan tres quintos en cada cámara. En el Senado, eso son 159 escaños. El PP ronda los 142 —ha cedido alguno a Vox en pactos autonómicos— y Vox suma cinco. Faltan en torno a una docena para que la derecha pueda, en un escenario futuro, prescindir del acuerdo con el PSOE, revertir la mayoría progresista y elegir presidente del TC sin pasar por el peaje bipartidista.
Mientras tanto, el discurso popular presenta a Pumpido como riesgo para la democracia y enviado de Sánchez. La paradoja es de manual: podrían haber forzado el relevo hace meses, incluso antes de la sentencia sobre la amnistía a Carles Puigdemont. Han preferido el aplazamiento. Si el objetivo es “despolitizar” el tribunal, alargar un mandato caducado no es la foto más limpia.
No hace falta inventar un complot. Basta con mirar el calendario: Virgen, elecciones autonómicas fallidas del ciclo PP, “falta de tiempo” en Andalucía y un Senado que rubrica en un día lo que congela un año. El Constitucional no se tumba con un tuit. Se deja en diferido, con sello institucional y cara de normalidad. Y mientras la calle discute vivienda y Ceuta, el órgano que interpreta la Constitución sigue con cuatro sillas en modo prórroga.