La política migratoria española acaba de vivir una escena muy gráfica: el Gobierno convoca a las comunidades para hablar de la regularización extraordinaria de inmigrantes y buena parte de los ejecutivos autonómicos del PP se levanta de la mesa. Literalmente. La Conferencia Sectorial de la Inmigración prevista para este jueves no pudo celebrarse por falta de cuórum, según informó EFE, después de que la mayoría de las comunidades gobernadas por el PP decidieran no participar tras leer una declaración conjunta.
El asunto no es menor ni cabe despacharlo como otra bronca de verano. Sobre la mesa estaba el balance de un proceso con 1.174.978 solicitudes presentadas hasta el 30 de junio. La ministra de Inclusión, Elma Saiz, explicó después del plante que más del 70% de esas peticiones ya han sido admitidas a trámite, lo que permite a los solicitantes contar con un primer permiso temporal para vivir y trabajar en España hasta que llegue la resolución definitiva. Es decir: no hablamos de una consigna, sino de cientos de miles de vidas pasando de la economía sumergida a una ventanilla del Estado.
La versión de las comunidades del PP es otra. En su declaración, recogida por EFE, tacharon la reunión de “simulación”, acusaron al Gobierno de “deslealtad institucional” y rechazaron avalar lo que llaman una política migratoria “opaca e irresponsable”. También sostienen que el ministerio no les ha entregado información suficiente: ni documentación sobre la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo en España, ni estudios de impacto económico en comunidades y entidades locales, ni determinados materiales que consideran necesarios para evaluar la regularización.
El Gobierno respondió subiendo el tono. Saiz calificó al PP de “partido antisistema” y, pese a la reunión fallida, aceptó verse con las comunidades que sí acudieron: Navarra, País Vasco, Cataluña, Canarias, Asturias y Castilla-La Mancha. La ministra defendió además el impacto laboral de la medida y citó el caso de Madrid, donde —según sus declaraciones a los medios— ya habría más de 50.000 personas cotizando como consecuencia del proceso.
La izquierda tiene aquí un argumento sencillo: si alguien ya vive, trabaja y sostiene parte de la economía real, regularizar no es abrir una puerta secreta, sino poner nombre, contrato y cotización donde antes había invisibilidad. La derecha, por su parte, explota un flanco sensible: qué coste tendrá para servicios públicos tensionados, qué margen tendrán las autonomías para gestionar el cambio y si el Gobierno comparte o no toda la información que debería. El problema es que levantarse de la mesa también tiene un coste político: deja el relato en manos de la bronca y no de los datos.
La clave, por tanto, no está en fingir que la regularización es mágica ni en convertirla en amenaza apocalíptica. Está en exigir transparencia completa, financiación suficiente y coordinación real. Pero si el país tiene delante más de un millón de expedientes, la foto de las sillas vacías no resuelve nada. Solo confirma que la inmigración vuelve a ser el campo de batalla favorito: mucha bandera, mucho reproche y demasiada poca gestión fina.