Hay una forma muy española de gobernar sin ganar una votación de presupuestos: prorrogar, parchear y seguir. El adelanto electoral del 29 de noviembre no solo cierra una legislatura corta. Cierra, sobre todo, una anomalía contable: España entrará en 2027 con los Presupuestos Generales del Estado de 2023 todavía vivos. Cuatro prórrogas de unas cuentas diseñadas antes de que este Congreso existiera.
Los PGE que siguen de referencia se aprobaron a finales de 2022 para el ejercicio 2023. Desde entonces, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha logrado sacar unas cuentas nuevas. La Cámara salida del 23-J termina su recorrido sin haber aprobado ningún presupuesto propio. No es un detalle de técnicos de Hacienda. Es el mayor desfase presupuestario de la democracia reciente: un Parlamento que no firma las cuentas con las que se gobierna.
44.000 millones de parches
La ausencia de PGE frescos no ha equivalido a austeridad automática. Según la reconstrucción publicada por Vozpópuli a partir de la gestión de Hacienda, hasta junio de 2026 se habilitaron 44.682 millones de euros en ampliaciones de crédito, casi cuatro veces más que los 11.790 millones de todo 2023. Las modificaciones presupuestarias hasta julio superaban los 81.200 millones, frente a los 20.994 millones de 2023 completo.
Eso no significa que cada euro sea un «agujero» inventado. La ley permite adaptar partidas, atender imprevistos y redistribuir recursos. Pero sí dibuja un modelo: cuando el Parlamento no aprueba cuentas nuevas, el Ejecutivo gobierna a golpe de crédito ampliado y modificación. El presupuesto deja de ser el contrato anual con las Cortes y se convierte en un chasis viejo al que se le cambian piezas cada trimestre.
Una legislatura sin el arma mayor del Congreso
En democracia parlamentaria, los presupuestos son la pelea grande. Obligán a negociar, a priorizar y a enseñar números. Esta legislatura ha vivido de otra cosa: decretos, prórrogas y socios de investidura que no llegaban a cuadrar una mayoría estable para unas cuentas completas. PSOE y Sumar llegaron a abrir la carpeta de 2027 —vivienda, dependencia, prestaciones—, pero el rechazo a la senda de estabilidad y la falta de apoyos externos dejaron el proceso en el aire. El 29-N lo tumba del todo.
El resultado es paradójico. El Gobierno que no pudo sacar PGE propios deja al siguiente Ejecutivo la herencia de unas cuentas de 2023 y un historial de parches récord. Gobernar sin presupuesto nuevo no es gratis: debilita el control parlamentario, ensancha la discrecionalidad del gasto y convierte cada ampliación de crédito en un atajo político.
Lo que el 29-N también decide
La campaña hablará de vivienda, amnistía y bloques. Debería hablar también de esto. Porque el votante no elige solo eslóganes: elige si el próximo Congreso vuelve a ser capaz de aprobar unas cuentas o si España normaliza la prórroga eterna. Entrar en 2027 con el marco de 2023 es admitir que la política de mayorías ha fallado en su herramienta más básica.
Desde el marco liberal-conservador, el balance es duro y concreto. No hace falta inventar dramas: bastan las fechas y las cifras. Una legislatura sin PGE propios. Un Congreso que no ha firmado el presupuesto con el que se gasta. Decenas de miles de millones en ampliaciones y modificaciones para mantener en pie un edificio que ya no corresponde a la Cámara actual. Eso no es «estabilidad». Es gobernar de prestado.
El 29-N no limpia automáticamente esa herencia. Solo decide quién tendrá que mirar de frente el primer presupuesto real después de años de prórroga. Mientras tanto, el Estado sigue contando el dinero con un calendario de 2023. Y eso, en cualquier empresa seria, se llamaría exactamente lo que es: desfase.