Hay una forma adulta de discrepar de un tribunal: leer el fallo, rebatir el argumento y, si toca, recurrir. Y hay otra, más viciosa, que convierte al juez en enemigo público porque el auto no sale como pedía el Guion del Consejo de Ministros. En la apertura del año judicial, con el Rey en el Salón de Plenos del Supremo, la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, ha puesto nombre a esa segunda vía: la descalificación pública del juez como instrumento de presión.
“No es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción”, ha dicho. Y ha añadido la frase que debería colgarse en más de un despacho ministerial: “Solo juzga conforme a la ley quien no está sometido a nada más”. No es poesía. Es el mínimo de un Estado que no quiere parecer una asamblea de hinchas con toga ajena.
El choque que venía de martes
El acto más solemne del calendario judicial llega caliente. De fondo, la decisión del Supremo que suspende el derecho al voto de quienes obtuvieron la nacionalidad por la vía de la Ley de Memoria Democrática —la llamada ley de nietos— ha irritado al Gobierno y a sus socios. Pedro Sánchez no se ha escondido: no está a favor ni comparte esa resolución. Félix Bolaños, presente en la ceremonia como ministro de Presidencia y Justicia, había pedido que el fondo del litigio se resuelva “lo antes posible”.
Se puede debatir el alcance cautelar, el censo, la Junta Electoral y el calendario. Se debe debatir. Lo que Perelló marca en rojo es otra cosa: cuando la crítica a una resolución se transforma en descalificación personal de quien la dicta, el daño ya no es solo al magistrado ni al caso. “Se proyecta sobre la función jurisdiccional y debilita la confianza de los ciudadanos en la Justicia”. Y si eso lo hacen quienes tienen responsabilidades institucionales, “la gravedad es mayor”.
Criticar el auto no es linchar al firmante
La presidenta no ha pedido silencio clerical. Ha dibujado la frontera con precisión de oficio. Los jueces pueden equivocarse; el ordenamiento prevé recursos. Las resoluciones “pueden ser criticadas” en la interpretación de la ley, en la prueba o en la calidad del razonamiento. Hasta ahí, democracia adulta. El problema empieza cuando la discusión jurídica se sustituye por la atribución de propósitos políticos o ideológicos a partir de la mera discrepancia con lo resuelto. Eso, ha subrayado, desconoce la función que la Constitución encomienda en exclusiva a jueces y magistrados.
En román paladino: puedes decir que el Supremo se ha pasado de frenada. Puedes decir que la cautela desborda el caso. Lo que no puedes hacer, si gobiernas un país, es educar a tu parroquia en la idea de que cada auto incómodo es un golpe encubierto. Porque el día que esa pedagogía se normaliza, la independencia judicial deja de ser un principio y pasa a ser un obstáculo electoral.
El Gobierno, el banquillo y la tentación del relato
El malestar ejecutivo no nace de un solo auto. Durante meses, sectores del Gobierno y del PSOE han leído investigaciones y decisiones judiciales —también las que tocan al entorno del poder— como acoso coordinado. ElDiario.es recuerda ese trasfondo: desde lecturas de “operación” contra el Ejecutivo hasta el choque abierto con instructores incómodos. Da igual el apellido del juez de turno. El patrón es el mismo: si el auto ayuda, es Justicia; si estorba, es política con toga.
Perelló, ante Felipe VI, Bolaños, Feijóo y la cúpula del Supremo, ha reivindicado que los ciudadanos siguen confiando en la tutela judicial y en la lucha contra la corrupción “al margen de ideologías”. Puede discutirse el termómetro social de esa confianza. No puede discutirse el aviso: un poder del Estado no se defiende insultando al otro. Se defiende ganando argumentos, reformando leyes con mayorías y acatando lo que no gusta mientras se recurre.
Independencia no es impunidad ni santoral
Desde esta mesa no se canoniza al Supremo ni se niega que haya resoluciones discutibles, cuellos de botella o tentaciones corporativas. De hecho, el mismo acto ha servido para que la fiscal general, Teresa Peramato, ponga sobre la mesa la memoria del ministerio público. Anticorrupción describe el retraso de las macrocausas como una “lacra” que daña la credibilidad de la justicia: instrucciones eternas, Audiencia Nacional colapsada, dilaciones que regalan atenuantes y juicios cuando la prueba ya es humo. Eso también es crisis institucional. Y no se arregla a gritos contra un auto.
La derecha sensata no debería convertir a Perelló en talismán de campaña. Debería hacer algo más difícil: defender la independencia cuando el fallo molesta… y cuando conviene. Porque el test de madurez no es aplaudir al juez amigo. Es sostener la regla incluso si mañana el auto pisa el callo propio.
Qué está en juego fuera del salón de plenos
En el metro esto se traduce fácil. Si el Gobierno puede señalar a un tribunal como enemigo cada vez que toca censo, corrupción o derechos, mañana cualquier ciudadano queda expuesto al mismo truco: tu caso es “ideológico” si no gusta al poder de turno. La lealtad institucional que pide Perelló no es sumisión del Ejecutivo al Supremo. Es el compromiso de pelear dentro del Derecho y no en el linchamiento.
La apertura del año judicial solía ser protocolo, bandas y fotos. Esta vez ha sido un aviso con micrófono. España puede discutir la ley de nietos, el voto, Ceuta y las macrocausas hasta quedarse sin voz. Lo que no puede normalizar es que la descalificación del juez sustituya al recurso. Quien gobierna y señala, no está reforzando la democracia. Está acostumbrando al país a que la Justicia solo sea legítima cuando saluda hacia Moncloa.