El Boletín Oficial del Estado no es un sitio para dramas, pero este sábado ha cerrado un capítulo con nombre y apellidos. Publica la jubilación forzosa por edad del magistrado Juan Carlos Peinado García (acuerdo del CGPJ, BOE-A-2026-19944). Mañana cumple 72 años. El viernes fue su último día en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid. Y se va dejando encima de la mesa lo más polémico de su carrera: el auto que abre juicio oral, con jurado popular, contra Begoña Gómez y su asesora por presunto tráfico de influencias y malversación.

Ojo con el marco: esto no es una sanción. Es el reloj biológico de la carrera judicial. Peinado había pedido prórroga hasta el tope legal y la ha agotado. Lo que sí es político —y de libro— es el momento: cuelga la toga días después de firmar la decisión que manda a la esposa del presidente al banquillo, según la cobertura de RTVE, EFE, El Periódico y laSexta.

Dos años y medio de causa… y una Fiscalía que no compraba el relato

La causa nace en abril de 2024 con una denuncia de Manos Limpias. Luego se fueron sumando acusaciones populares. En el camino, Peinado interrogó en Moncloa al presidente y al ministro de Justicia, intentó —sin éxito— imputar a Félix Bolaños, llegó a poner el foco en el delegado del Gobierno en Madrid y, según el recuento de agencia, llegó a investigar cinco delitos e imputar a siete personas.

Pero el mapa del caso no lo dibujó solo el instructor. La Audiencia Provincial de Madrid ha ido corrigiendo y reconduciendo la instrucción: sacó de la causa líneas como la del rescate de Air Europa/familia Hidalgo al calificarlas de «meras conjeturas» mientras no hubiera hechos nuevos, y fijó el núcleo en la actividad profesional de Gómez ligada a la cátedra y a terceros que la habrían apoyado. La Fiscalía, desde el principio, no ha visto base para proceder penalmente contra la esposa del presidente, según esas mismas crónicas judiciales.

Eso no borra el auto de apertura de juicio. Lo pone en contexto: el caso sigue vivo ante un jurado —avalado también en apelación—, pero llega a esa fase con una instrucción muy discutida en sede judicial, no solo en tertulia.

El estilo Peinado: citas raras, metáforas absolutistas y quejas archivadas

En dos años y medio el juez se hizo famoso por citaciones en sábado, domingo o Miércoles Santo, por comparar conductas del caso con «regímenes absolutistas» y el reinado de Fernando VII, y por un escrito que sugería una hipotética ayuda policial si Gómez decidiera huir: un pasaje que indignó a la Policía y que acabó en el radar del CGPJ. Bolaños presentó quejas; el entorno de Peinado ha recibido querellas por prevaricación. Ninguna ha prosperado, según el relato de agencia.

Desde la izquierda institucional el mensaje es claro: se puede investigar a cualquiera, incluido el entorno de Moncloa, pero no todo vale en la forma. Una instrucción llena de correcciones de la Audiencia y con la Fiscalía en contra no es, por sí sola, prueba de «impunidad». Es, más bien, la foto de un sistema que también frena cuando el instructor se pasa de vueltas. El juicio dirá sobre los hechos. La jubilación solo dice que Peinado ya no estará en el estrado a reescribir el guion.

Qué queda abierto (y qué no conviene inventar)

Queda el juicio oral con jurado. Quedan los recursos de las defensas. Queda, si Bolaños lo mantiene, la vía de queja o recurso que no ha cerrado del todo en público. No queda una condena: Begoña Gómez es investigada/procesada en los términos del auto, no culpable. No queda una «caza» demostrada ni una «cacería» desmontada al 100%: queda un expediente con avales parciales y reveses parciales.

Para la mesa de la izquierda el punto útil es este: cuando un juez se jubila el mismo fin de semana en que el BOE certifica el final de su carrera y la causa más mediática de su vida sigue sin sentencia, el país no necesita héroes ni villanos de cartón. Necesita hechos probados, no metáforas de Fernando VII. Y un jurado que decida sin el ruido de dos años de trifulca procesal.