Peinado no cita a Begoña Gómez el martes para tomar café. La convoca a las 18:00 en Plaza de Castilla a la audiencia preliminar de una causa que ya mira al jurado popular. Instrucción de la cátedra de la Complutense dada por concluida tras el aval de la Audiencia Provincial de Madrid. Escritos de defensa encima de la mesa. Y una acusación popular que pide 13 años para ella y 6 para Cristina Álvarez.
Eso es el estado real del tablero, según La Vanguardia, elDiario.es, Europa Press, ABC y The Objective. La defensa niega el delito y niega el atajo por ser esposa del presidente. La Fiscalía se inclina por la absolución. Hazte Oír empuja en sentido contrario. ABC apunta además que el abogado pide aplazar la comparecencia. Pueden discutirse plazos; no puede discutirse que el caso ha salido del limbo de “rueda de prensa eterna” y entra en fase decisoria.
Desde la derecha el argumento no es ganas de monarquía mediática. Es estándar republicano básico: el entorno del poder no merece pista preferente. Si la tesis instructora de influencias y malversación se sostiene, el jurado tendrá que mirarla de frente. Si se cae, también. Lo intolerable es el relato preventivo de persecución cada vez que un juez toca a Moncloa, como si la independencia judicial fuera un capricho de peajes ideológicos.
Porque el problema político no empieza en el banquillo. Empieza en la percepción de que España aplica la ley con termómetro de afinidad. Cuando la esposa del presidente llega a audiencia preliminar con petición de cárcel de una acusación popular y con la Fiscalía en otra onda, el país tiene derecho a ver el choque de tesis sin anestesia. Transparencia procesal no es acoso. Acoso es pretender que preguntar sea golpismo.
La audiencia del martes sirve, precisamente, para ordenar el campo de juego: más pruebas o no, apertura de juicio oral o no. No anticipemos el veredicto. Pero tampoco compremos el cuento de que “no hay nada” solo porque el ruido cansa. El cansancio social no borra un auto. Ni el aval de la Audiencia Provincial. Ni la citación personal de las acusadas.
Sánchez puede hablar de amenaza ultra, de vivienda o de Ceuta. Tiene todo el derecho. También tienen derecho los ciudadanos a exigir que los casos del entorno del poder no se diluyan en niebla partidista. Igualdad ante la ley significa eso: mismo listón, misma luz, mismas consecuencias. El martes, a las seis de la tarde, el reloj procesal vuelve a marcar. Y esta vez no es un titular de verano: es el umbral del jurado.