La Audiencia Nacional no cierra el cajón. El juez Santiago Pedraz, que instruye el caso Leire Díez, ha citado como investigado al exmagistrado Luis Sáenz de Tejada el próximo 28 de octubre a las 10.30. No es un testigo de relleno: la providencia le sitúa, según Europa Press y elDiario.es, como presunto autor de delitos de organización criminal, calumnias, coacciones y contra la integridad moral.
El hilo que tira Pedraz conecta con la jueza de Badajoz Beatriz Biedma, la misma que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Biedma, personada como perjudicada, pidió su imputación tras declarar que se sintió acosada. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sitúa a Sáenz de Tejada en el entorno de una presunta trama para desbaratar causas que afectan al PSOE y al Ejecutivo: una trama que los investigadores sitúan liderada por el exdirigente Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez. Eso es lo que se investiga. No es sentencia. Es el mapa que la UCO ha puesto sobre la mesa del juez.
El mismo día, Pedraz cita como testigo al abogado de Cintia Rocho, señalada por los agentes como miembro de un clan de Badajoz. Según el relato policial al que se refieren las crónicas, Rocho contó que el exjuez contactó con ella y habló de eliminar a Biedma. Sáenz de Tejada lo niega de plano: dice que la imputación es falsa, que nunca contactó con Rocho y que los investigadores mienten. El derecho de defensa existe. También existe el deber de esclarecer por qué un exjuez aparece, según la UCO, en la órbita de una operación de descrédito contra la magistrada que tocó al hermano del presidente.
Desde la derecha el marco no necesita adornos. Cuando el Estado de derecho funciona, las causas no se apagan porque molesten en Moncloa. El PP ha salido al paso con el tono de campaña: habla de la corrupción del PSOE y ironiza con el imputado 130 de Sánchez tras la citación. Es lenguaje de oposición, no veredicto judicial. Pero el dato político es tozudo: a semanas del 29-N, la instrucción de Pedraz sigue sumando nombres alrededor de una presunta red de presión y fontanería judicial.
Biedma no pide teatro. En su escrito, según las piezas periodísticas, considera nuclear la declaración del exmagistrado para fijar rol, contactos y finalidad. La UCO habría apuntado que la enemistad previa de Sáenz de Tejada con la jueza —denuncias, recusaciones, vídeos en un canal de YouTube— fue el gancho por el que Díez lo habría reclutado. De nuevo: hipótesis de investigación. Lo que ya no es hipótesis es el acto procesal: hay citación, hay delitos tipificados en la providencia y hay una agenda de octubre que no se aplaza por el calendario electoral.
Pedraz también ha movido fichas colaterales. Ha aplazado al 30 de octubre las testificales de dos cargos del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ligadas, según Europa Press, a la concesión de nacionalidad a Nervis Villalobos, ex alto cargo venezolano imputado en la misma causa. El expediente se ensancha. Quien pedía archivo exprés se queda sin atajo.
Para el lector de a pie la pregunta es práctica: ¿puede un Gobierno pedir calma institucional mientras la Audiencia Nacional reconstruye, pieza a pieza, una presunta maquinaria para torcer causas incómodas? La respuesta liberal-conservadora es vieja y sigue valiendo: sin independencia judicial no hay democracia de calidad, solo marketing. Sáenz de Tejada niega los hechos y tendrá su día. La jueza Biedma pide protección del relato y de la verdad procesal. Pedraz, de momento, no mira hacia otro lado.
Queda lo esencial. Nadie está condenado por esta providencia. Pero el Estado ha dicho, con sello de Audiencia Nacional, que el caso Leire no es un episodio cerrado de hemeroteca. Es una instrucción viva, con exjuez investigado, testigos citados y un entorno político que preferiría hablar de otra cosa hasta el 29 de noviembre. La justicia, cuando tira del hilo, no pregunta la fecha de las urnas.