NextGen: 12.000 millones al sector público y el milagro se quedó en casa

El milagro europeo tenía un destinatario preferente y no era exactamente “la economía productiva” del PowerPoint. Según el reparto al que ha accedido El Español al cierre del Plan de Recuperación, las empresas públicas y participadas por el Estado se han llevado unos 12.000 millones de euros de los fondos Next Generation. Eso es más del 15% de las ayudas directas y cerca del 40% de lo adjudicado a grandes empresas y UTE. Traducción casera: el Estado se ha convertido, otra vez, en el mejor cliente de sí mismo.

No es un detalle contable para frikis del BOE. Es la radiografía de un modelo. Mientras se vendía transformación digital, reindustrialización y milagro verde, el grueso del dinero gordo ha regado Adif, Adif Alta Velocidad, Tragsa, Tragsatec, Segipsa, Ineco, Incibe, Correos o Renfe. Adif y su filial de alta velocidad suman, solas, unos 5.807 millones. Tragsa y Tragsatec superan los 2.000. La pregunta no es si el sector público puede recibir fondos. Es si puede capturarlos a este volumen sin que mejore de verdad el servicio que paga el ciudadano.

El Estado como embudo

El listado preliminar dibuja un embudo. Empresas estatales con participación mayoritaria: unos 10.500 millones. Autonomías de forma directa: 4.870. Ayuntamientos: 1.361. Empresas y servicios públicos locales: 3.930. Universidades y centros de investigación: 591. Grandes empresas privadas: 1.450. Cuando la foto se mira así, el relato de “Europa salva al tejido productivo” se queda cojo. Europa ha financiado, sobre todo, la nómina de inversión del sector público.

Hay matices que conviene no esconder. Parte de esa inversión es infraestructura: vías, agua, digitalización de la administración, ciberseguridad. No todo es capricho. Pero el contrapeso también está en los datos: el listado definitivo aún no está cerrado —la herramienta Elisa del Ministerio de Economía contabiliza adjudicado en torno a 72.000 millones de ayudas y el cierre total se espera a finales de año— y, aun así, el patrón ya se ve. Quien controla el embudo cobra primero.

En el tramo privado, los nombres grandes no son el tejido de pymes que llena mítines. Avatel, proyectos de baterías, Orange, Stellantis o Power Holdco aparecen entre los primeros. Telefónica, con participación de la SEPI, suma cientos de millones entre matriz y móviles. Es decir: incluso cuando el dinero sale del perímetro 100% público, a menudo aterriza en grandes operadores o en participadas. La pyme que rellena formularios a las tres de la madrugada no es la protagonista de esta película.

NextGen no es un eslogan de campaña

El Gobierno ha vendido los fondos como prueba de gestión y modernización. La oposición debería usarlos como prueba de control. Porque 12.000 millones no se discuten en un tuit: se discuten con auditorías, plazos, obras terminadas y calidad de servicio. Si Adif se lleva casi 6.000 millones y el viajero sigue midiendo el país en retrasos, hay un problema político, no solo técnico. Si Tragsa absorbe encargos que el mercado no saca a concurso “porque no es rentable”, hay que explicar cuánto de eso es servicio público y cuánto es atajo administrativo.

El marco liberal-conservador aquí no pide odio a lo público. Pide lo contrario: que lo público rinda cuentas. Un Estado que se autopremia con fondos europeos mientras compite con privados en concursos y mantiene cuellos de botella en ejecución no está “transformando España”: está consolidando un ecosistema de dependencias. Y la dependencia, cuando llega el 29-N, se disfraza de balance triunfal.

También hay una lectura electoral incómoda. Hablar de NextGen en campaña sin enseñar quién cobró es publicidad. Hablar de reindustrialización sin mirar el 40% capturado por grandes adjudicaciones públicas es marketing. Si la derecha quiere ser alternativa y no solo ruido, tiene que poner sobre la mesa tres cosas: transparencia de beneficiarios, evaluación de impacto y preferencia real por quien crea empleo privado sostenible, no solo por quien sabe rellenar la ventanilla correcta.

La factura que no sale en el mitin

Los fondos europeos no son gratis del todo: son oportunidad histórica con condiciones, hitos y deuda asociada al diseño europeo. Despilfarrar la oportunidad en un circuito cerrado Estado-empresa pública-consultora amiga sería el fracaso silencioso de la década. El dato de El Español no prueba por sí solo corrupción. Prueba concentración. Y la concentración, sin resultados visibles, es el abono perfecto del cinismo.

Por eso este debate no puede quedarse en “más Estado” versus “menos Estado”. Debe ser más preciso: ¿quién cobró, para qué, con qué plazo y con qué mejora medible? Si al cerrar el año el listado definitivo confirma el sesgo público, la oposición tendrá un argumento de acero. Si el Gobierno quiere desactivarlo, no le bastará con otro anuncio: tendrá que enseñar trenes que llegan, redes que funcionan y proyectos privados que no se ahogaron en burocracia.

En precampaña todo suena a futuro. Los 12.000 millones ya son pasado contabilizado. Y el pasado, cuando se concentra en el mismo embudo, suele votar.